La administración de Trump ha comenzado con la purga de funcionarios de carrera en el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI, exigiendo a aquellos funcionarios de peor desempeño su renuncia.
El viernes, el director interino del FBI, Brian Driscoll, envió un correo electrónico en el que instruía a los líderes del FBI a proporcionar al DOJ, para el martes siguiente, los nombres de todos los empleados actuales y pasados que trabajaron en las nefastas investigaciones del 6 de enero.
La solicitud del DOJ incluirá la información sobre el puesto, la oficina de asignación, el rol en la investigación y la fecha de la última actividad relacionada. El DOJ revisará esta información para determinar si es necesario tomar acciones adicionales.
Driscoll destacó a lo largo de su carrera, las enseñanzas que sus superiores le habían inculcado. Por otro lado, remarcó como la corrupción durante la gestión de Biden logró quebrar esos valores en algunos integrantes del buró.
Este esfuerzo forma parte de la promesa de Trump de hacer importantes reformas en el Departamento de Justicia y el FBI, organismos que han sido utilizados en su contra por parte del Partido Demócrata, especialmente tras el allanamiento en su residencia de Mar-a-Lago y el trato a los implicados en los incidentes en el Capitolio.
La solicitud para recopilar la lista de empleados refleja cómo la administración de Trump está cumpliendo con su promesa de depurar las agencias que lo han atacado injustamente, llevando a cabo una de las peores persecuciones políticas en la historia de los Estados Unidos.
El correo de Driscoll destacó que la lista solicitada incluiría miles de empleados que apoyaron las sesgadas investigaciones relacionadas con el 6 de enero, uno de los casos más grandes en la historia del FBI, que implicó a más de mil personas.
Los agentes de línea y analistas dentro del FBI expresaron su gran preocupación, señalando que estos despidos podrían resultar devastadores para aquellos sectores demócratas dentro de la agencia.
El viernes también se dio a conocer que más de una docena de fiscales que trabajaban en los casos del 6 de enero fueron despedidos por el DOJ. Estos fiscales habían estado en la oficina del fiscal de Estados Unidos en Washington, D.C., pero sus empleos estaban siendo convertidos en permanentes al final de la nefasta administración de Biden.
El DOJ afirmó que estas conversiones habían obstaculizado la capacidad de la oficina de la fiscalía de Washington para implementar la agenda del nuevo presidente, Donald Trump.
