La provincia de Buenos Aires atraviesa un nuevo foco de tensión institucional. En las últimas semanas, el malestar dentro de la Policía bonaerense se profundizó al punto de que distintos sectores de la fuerza comenzaron a evaluar protestas y posibles movilizaciones, con el acuartelamiento como una amenaza latente. El detonante principal es el atraso salarial, aunque el conflicto excede largamente lo económico y expone una ruptura cada vez más evidente entre los efectivos y el poder político provincial.
A diferencia de otros trabajadores estatales, la Policía bonaerense no participa de paritarias propias por una restricción judicial. Sus aumentos salariales se aplican de manera automática en espejo con los acuerdos generales de la administración pública, lo que genera un rezago estructural frente a la inflación.
Efectivos de la policia bonaerense.
El escenario se agravó durante el verano. El tradicional Operativo Sol no se desplegó con la misma magnitud que en años anteriores, y muchos policías no percibieron el adicional estacional que históricamente compensaba la sobrecarga laboral en los meses turísticos. Al mismo tiempo, la temporada estuvo marcada por conflictos de seguridad en zonas sensibles del conurbano, lo que incrementó la presión sobre una fuerza ya exigida al límite.
En ese marco, comenzaron a circular en grupos internos de la Policía versiones sobre posibles medidas de fuerza. Se mencionan fechas tentativas para movilizaciones a mediados de febrero y concentraciones en puntos clave como el Ministerio de Seguridad, el Puente 12 de La Matanza o incluso la sede de la Gobernación. Si bien fuentes internas declaran que hoy no estarían dadas todas las condiciones para un acuartelamiento, reconocen que el clima es de enojo creciente y que el vínculo con el gobierno de Axel Kicillof está prácticamente roto.
Los reclamos son múltiples. Además de un aumento salarial acorde al riesgo permanente de la función policial, los efectivos exigen la actualización del valor de las horas extras CORES, el pago de recargos obligatorios y el reconocimiento de la carga horaria real. Denuncian jornadas de hasta 12 horas, traslados a destinos lejanos y extensos tiempos de viaje diarios que afectan la vida familiar y la salud física y mental.
A esto se suma el deterioro de la obra social IOMA, señalada por la falta de cobertura y respuestas, y un clima interno donde expresar disconformidad suele derivar en sanciones, traslados o aislamiento. También reclaman mejores condiciones edilicias, móviles en funcionamiento, provisión regular de uniformes, ascensos transparentes y un programa serio de reentrenamiento que incluya apoyo psicológico y actualización profesional.
Hasta el momento, el Ejecutivo provincial mantiene silencio frente a estas demandas. La falta de respuestas no hace más que alimentar la incertidumbre y aumentar el riesgo de que el conflicto escale en las próximas semanas, con consecuencias imprevisibles para la seguridad y la gobernabilidad en la provincia más poblada del país.
