El organismo de control identificó problemas con 29 premios distribuidos por el DRL y el INL. Por ejemplo, el DRL no revisó adecuadamente a los destinatarios de siete premios, por un total de aproximadamente 12 millones de dólares. El INL no proporcionó documentación de respaldo para 19 de sus 22 premios, que suman alrededor de 295 millones de dólares, lo que impide verificar si se cumplieron los requisitos de investigación.
El Departamento de Estado reconoció que no todas sus oficinas han cumplido con los requisitos de retención de documentos, lo que complica la evaluación de la magnitud de sus faltas. El INL citó “la rotación de personal y la disolución de la oficina de Afganistán y Pakistán” como razones para la falta de registros.
Tras la toma de poder de Afganistán por los talibanes en agosto de 2021, el SIGAR subrayó la importancia de que las actividades del gobierno estadounidense se ajusten a las leyes, regulaciones y políticas diseñadas para prevenir transacciones con terroristas.
Además de crear organizaciones no gubernamentales (ONG) fraudulentas para desviar grandes sumas de los 3.000 millones de dólares en ayuda humanitaria proporcionada por Estados Unidos desde la desastrosa retirada militar de la administración de Biden, los talibanes también han acumulado millones cobrando impuestos, tasas por permisos y aranceles de importación. Este dinero ha circulado a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), un brazo del Departamento de Estado conocido por su corrupción, que recibió 63.100 millones de dólares para asistencia extranjera y compromiso diplomático este año. Asimismo, la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), el servicio de radiodifusión internacional del gobierno, también desembolsó fondos.
Según una auditoría federal, las Naciones Unidas han recibido 1.600 millones de dólares en fondos estadounidenses para Afganistán, y una parte significativa de ese dinero probablemente haya terminado en manos de los talibanes. El gobierno estadounidense no exige a la ONU que informe sobre los impuestos, tasas o derechos aplicados a los fondos estadounidenses destinados a actividades en Afganistán, lo que dificulta aún más la rendición de cuentas.