La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó cartas en el asunto tras las denuncias de una presunta invasión boliviana, ahora ya confirmada, en tierras salteñas.
La situación, que afecta principalmente a la comunidad ava guaraní y productores de la región del río Grande de Tarija, generó preocupación tanto en la población local como en el Gobierno de Javier Milei.
El conflicto se intensificó tras las denuncias realizadas contra el boliviano Horacio Cruz Castro, líder de los cañeros bermejeños, quien en varias ocasiones fue señalado por miembros de la comunidad Tape Iguapegui de amenazar con armas a la cacique de El Trementinal, Natalí Vásquez.
A su vez, fue acusado de incitar a sus seguidores a apuntar sus armas contra hombres, mujeres y niños de la comunidad ava guaraní, de Salta.
Además, en 2021, Cruz Castro inició acciones legales en Bolivia contra integrantes de la comunidad indígena de argentina, alegando una supuesta "perturbación" en la propiedad que reclama ilegalmente sobre El Trementinal.
La crisis escaló rápidamente en la frontera entre Argentina y Bolivia, especialmente en el norte de la provincia de Salta.
Los pueblos originarios y los productores locales argentinos denunciaron la falta de control y abandono por parte de las autoridades provinciales, lo que permitió el avance de las actividades ilegales bolivianas como la ocupación de tierras, el desmonte y el contrabando.
Los invasores bolivianos son responsables de la tala ilegal de aproximadamente 2.500 hectáreas de selva ribereña en General Mosconi, lo cual genera un gran impacto ambiental y económico, al tiempo que cerca de 150.000 toneladas de caña de azúcar son contrabandeadas hacia Bolivia.
El viernes pasado, luego de enterarse de esta noticia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó al respecto en X, anunciando el envío de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a aquel territorio para analizar la situación y tomar medidas en caso de ser necesario.
