La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2025, otorgando medidas cautelares en favor de Nahuel Agustín Gallo, un gendarme argentino cuyo paradero es desconocido desde su detención el pasado 8 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, Venezuela.
El organismo internacional advirtió sobre la situación de gravedad y urgencia, indicando que los derechos de Gallo a la vida y la integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.
Los hechos: detención y desaparición de Gallo
De acuerdo con la CIDH, Gallo fue detenido mientras ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa venezolana y su hijo de dos años. El gendarme contaba con todos los documentos requeridos, como pasaporte vigente y pasaje de ida y vuelta, y planeaba hospedarse en la casa de su pareja.
Sin embargo, tras una revisión de documentos, fue apartado para una “entrevista” por parte de las autoridades del régimen venezolano. Su teléfono fue confiscado, dejándolo incomunicado.
El último contacto de Gallo con su familia ocurrió cerca de las 11 de la mañana del día de su detención, cuando logró llamar a su esposa desde el teléfono de un taxista. Informó que estaba siendo trasladado para una segunda entrevista. Según el taxista, quienes lo llevaron eran funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La respuesta oficial y el pedido de medidas cautelares
Aunque el régimen de Nicolás Maduro reconoció públicamente que Gallo está detenido, no ha proporcionado información sobre las razones de su arresto, los cargos en su contra o el lugar de su reclusión. Tampoco se sabe si ha recibido atención médica o ha sido presentado ante un tribunal.
El gobierno argentino calificó el caso como una desaparición forzada, denunciando la falta de cooperación de Venezuela y el hermetismo sobre las condiciones de reclusión de Gallo.
Además, fotos y videos difundidos por la dictadura venezolana muestran a Gallo con ropa celeste, en un playón frente a una tribuna de madera. Sin embargo, no se especificó la fecha ni el lugar de la grabación. “Es él, son unos criminales”, expresó María Alexandra Gómez, pareja del gendarme, quien sugirió que las imágenes podrían haber sido tomadas en la cárcel de El Rodeo.
Medidas exigidas por la CIDH
Ante la falta de respuesta del régimen venezolano, la CIDH determinó que el caso cumple con los criterios de gravedad, urgencia e irreparabilidad establecidos en su reglamento, y ordenó a Venezuela:
Adoptar medidas inmediatas para proteger los derechos a la vida e integridad de Gallo.
Informar si Gallo está bajo custodia estatal, las circunstancias de su detención y su estado actual.
Garantizar la comunicación del detenido con su familia, representantes legales y autoridades argentinas.
Presentar a Gallo ante un tribunal competente y permitir acceso a atención médica si es necesario.
Investigar los hechos que llevaron a su desaparición y evitar la repetición de casos similares.
La CIDH subrayó que estas medidas cautelares no implican prejuzgar sobre posibles violaciones de derechos humanos, sino que buscan proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de Gallo.
La posición del gobierno argentino
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, calificó las imágenes y videos difundidos como una “pantomima”. “No aceptamos ningún juego de apariciones sin contexto ni garantías. Esto es una dictadura y las dictaduras actúan de esta manera, presentando pruebas de vida ambiguas”, expresó en declaraciones a Radio Mitre.
Bullrich y la mamá de Gallo
El gobierno argentino ha intensificado las exigencias para la liberación inmediata de Gallo, mientras organismos internacionales mantienen la presión sobre el régimen venezolano para esclarecer su situación.
Un caso que pone en jaque las relaciones internacionales
El caso de Nahuel Gallo resalta las tensiones entre Venezuela y los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
La falta de transparencia por parte del régimen de Nicolás Maduro agrava la preocupación por el respeto de las garantías básicas, mientras la CIDH busca garantizar una solución inmediata para proteger la vida e integridad del gendarme argentino.
