ATE se adhirió al paro programado para este jueves de la CTA y afectará los servicios públicos.
En sus palabras de los gremialistas: "Las modalidades han sido muy distintas, pero en todas buscan el mismo objetivo: dejar sin ingresos a familias enteras".
Además, la dirigente apuntó contra la Confederación General del Trabajo (CGT), acusándola de inacción. "No se entiende cómo no convocan a un paro. No hay solidaridad o no pertenecen a la misma clase", fustigó.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que se unirá al paro convocado por las dos fracciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) el próximo jueves. Este acto busca protestar contra las políticas del gobierno de Javier Milei, argumentando que "este año ha sido terrible para los estatales".
Esta medida extorsiva por parte de los sindicatos es sumamente cuestionada por su efectividad y las verdaderas intenciones detrás de estas movilizaciones.
Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE, destacó que el paro estará acompañado de una movilización que, según ella, "va a demostrar que la unidad de la clase trabajadora da resultados". Cabezas argumenta que desde febrero de este año los trabajadores estatales han enfrentado una ola de despidos que afecta a miles de familias.
La crítica de Cabezas no solo se dirige al gobierno de Milei, sino también a altos funcionarios públicos. Según ATE, "55 de 185 altos funcionarios tienen participación en directorios de empresas privadas". Desde su perspectiva, estas personas son responsables de arrastrar a familias a la pobreza debido a salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica.
La CTA Autónoma respaldó las críticas de ATE publicando un informe que analiza la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según este documento, desde diciembre de 2023, los trabajadores han experimentado "una pérdida brutal de poder adquisitivo". Esto es atribuido "a la devaluación y su impacto en los precios".
A pesar de las denuncias y reclamos, las movilizaciones de ATE y CTA no están exentas de críticas. Para muchos, estas medidas representan un obstáculo para los intentos de cambio estructural que busca implementar el gobierno de Javier Milei.
El llamado a paro también pone en jaque la productividad del sector público, afectando a millones de argentinos que dependen de estos servicios.
Además, la insistencia en culpabilizar a los altos funcionarios y al gobierno puede desviar la atención de problemas estructurales que requieren soluciones conjuntas y diálogo entre las partes.
