La casta sindical de UTA anunció un paro nacional: sin colectivos el martes 6 de mayo

Sin embargo, desde el sector empresario las explicaciones fueron contundentes: el modelo tarifario heredado y los subsidios mal diseñados hacen inviable cualquier aumento. Gustavo Larrea, secretario de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), advirtió que “no puede formularse ninguna propuesta” debido a la falta de fondos y denunció que el sistema opera con un déficit del 40%, producto de la enorme brecha entre los costos reales y los ingresos.

“La dignidad de los trabajadores está siendo avasallada”, denunció el sindicato en un comunicado, en el que además acusó a las empresas de negarse a presentar una oferta concreta. La última audiencia, celebrada el miércoles, contó con la presencia de los dirigentes Roberto Fernández, Jorge Kiener, Luis Arcando y Francisco Valdez, quienes ratificaron la medida de fuerza tras constatar el fracaso de la instancia de conciliación laboral obligatoria, activada desde el 7 de marzo.

La situación del transporte urbano ilustra con claridad el colapso del modelo estatal prebendario que Milei se propuso desmontar. Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo real de un boleto sin subsidios fue de $1.596,40 en marzo, mientras que el usuario pagó apenas $371,13, con un ingreso promedio para las empresas de $973,76 por pasaje. Las distorsiones en los precios y el congelamiento de tarifas nacionales impiden cualquier equilibrio financiero.

En ese contexto, resulta revelador que los mafiosos sindicalistas insistan en un incremento mensual que supera ampliamente la inflación proyectada, hoy contenida en torno al 3% o 4% mensual. Aún más preocupante es la postura del gremio, que desestima la crítica situación del sistema y opta por paralizar el país, afectando a millones de trabajadores que dependen del transporte público para movilizarse.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, intentó mediar entre las partes. Guido Arocco, secretario de conciliación, encabezó sin éxito las audiencias. No obstante, fiel a su compromiso con la desregulación y la libertad de negociación entre privados, el Ejecutivo mantiene su decisión de no intervenir directamente en una discusión que corresponde a los actores del mercado. La solución, afirman fuentes oficiales, no pasa por más gasto estatal, sino por sincerar tarifas y dejar atrás décadas de intervencionismo fallido.