La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio este martes un paso clave en el expediente de la causa Vialidad, donde Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A través de la secretaría penal, el máximo tribunal decidió remitir el recurso del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, al Procurador General interino, Eduardo Casal, para que emita dictamen.
Aunque la opinión del Procurador no es vinculante, su intervención marca el primer movimiento formal de la Corte en una causa de alto impacto institucional, donde se juzgaron gravísimas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Casal, en su calidad de jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte, deberá pronunciarse sobre el pedido de Villar, quien solicitó que se amplíe la condena contra la ex presidente a 12 años de prisión, incorporando el delito de asociación ilícita, además de administración fraudulenta. De respaldarse esta postura, el camino quedaría despejado para que la Corte avance hacia un fallo definitivo, lo que pondría en jaque las ambiciones políticas de Fernández.
Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, los tres jueces de la Corte Suprema.
Actualmente, el expediente en manos de la Corte contiene 17 recursos de queja pendientes de resolución. Entre ellos, se encuentra la presentación de la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por su abogado Carlos Alberto Beraldi, en la que se intenta revertir la condena ratificada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y la Sala IV de la Cámara de Casación.
Ese recurso de queja representa el último intento judicial de la ex mandataria para evitar que la sentencia quede firme y se active no solo la pena de prisión —que podría cumplirse en modalidad domiciliaria dada su edad, superior a los 70 años—, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que se aplicaría de manera inmediata.
El pedido del fiscal Villar, fechado el 31 de marzo, es contundente. En su escrito de 10 páginas, sostiene que “estaba plenamente probado” que Cristina Kirchner fue parte de una organización criminal destinada a defraudar al Estado. Esta acusación remite al pedido inicial del juicio oral, en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado 12 años de prisión por ambos delitos.
No obstante, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la ex mandataria por mayoría a seis años de prisión únicamente por administración fraudulenta, desestimando la figura de asociación ilícita. La Cámara de Casación Penal confirmó el fallo, lo que llevó a Villar a apelar directamente ante la Corte mediante un recurso extraordinario, que fue rechazado. De allí derivó en un recurso de queja que ahora la Corte comenzó a tratar.
Además de Cristina Kirchner, Villar también apeló las absoluciones que beneficiaron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala y al ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro. En su recurso, denunció que Casación realizó “un análisis fragmentado de las pruebas” y que excluyó “de manera definitiva la imputación del delito de asociación ilícita para algunos de los imputados y administración infiel para otros” con argumentos “dogmáticos”.
La exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner.
También se encuentran presentados recursos de queja por parte de otros imputados en la causa, como el ex secretario de Obras Públicas, José López, el empresario Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti, y otros ex funcionarios provinciales como Raúl Pavesi, Juan Carlos Villafañe y Mauricio Collareda.
La causa Vialidad acumula ya 24 recursos de queja resueltos desde 2017. En ese entonces, los fallos fueron firmados por los cinco ministros del tribunal: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. Los últimos, resueltos en junio de 2022, contaron con las firmas de Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.
