El CELS de Verbitsky salió en defensa de la ñoqui K que amenazó de muerte a Espert

En una nueva muestra de cinismo ideológico, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), conducido por el exespía y operador kirchneristaHoracio Verbitsky, salió a respaldar a Alesia Abaigar, ex funcionaria del  Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, quien fue detenida por arrojar excremento y dejar amenazas de muerte en el domicilio del diputado liberal José Luis Espert.

Abaigar, identificada como militante afín al kirchnerismo más radicalizado, fue arrestada tras su participación en un violento escrache en la casa del legislador. La intervención, que incluyó pintadas intimidatorias y la arrojada de materia fecal, fue calificada por la Justicia como un acto de violencia política. Tras su detención, pasó 48 horas incomunicada y fue trasladada a una cárcel federal, medida que desde el oficialismo se justificó como acorde a la gravedad del hecho.

Sin embargo, el CELS  denunció su encarcelamiento como un caso de “criminalización selectiva”, acusando al gobierno nacional de llevar adelante una “persecución política”. En su comunicado, el organismo sostuvo que “la criminalización selectiva da un mensaje político: quienes disienten con este gobierno van a sufrir represalias, incluso cárcel. Quienes lo apoyan, pueden hacer y decir cualquier cosa”.

Esta posición no solo banaliza la gravedad del ataque a un funcionario elegido democráticamente, sino que también expone el doble estándar moral con el que operan los supuestos defensores de los derechos humanos. Para el CELS, las garantías solo existen para quienes piensan como ellos: si sos kirchnerista, todo está permitido; si sos liberal o de derecha, el castigo es ley.

El comunicado agrega que la detención de Abaigar es parte de un “esquema de persecución política” que incluiría “hostigamiento en redes sociales”, “uso de inteligencia artificial para crear noticias falsas” y “ciberpatrullaje ideológico”. En otras palabras, cualquier acción estatal contra el delito o la violencia se reinterpreta, bajo la lente militante del CELS, como un acto de represión fascista.

Además, se citan antecedentes como el caso de Milagro Sala, detenida por corrupción y manejo de una organización parapolicial en Jujuy, y las detenciones del 8 de marzo de 2017 y del 12 de junio de 2024. En todos estos episodios, el CELS  adopta una narrativa que equipara el delito con la protesta y convierte a los violentos en víctimas de un “Estado autoritario”.

Mientras tanto, el organismo guarda silencio ante las amenazas, los escraches y las campañas de odio que sufren cotidianamente referentes del actual gobierno por parte de militantes kirchneristas y piqueteros. No hay comunicados por los ataques a Javier Milei, a Patricia Bullrich ni por las agresiones sufridas por periodistas y economistas liberales.

La supuesta “lucha por los derechos humanos” del CELS no es más que una pantalla ideológica para justificar la violencia de sus aliados políticos. La defensa de Abaigar no responde a un principio jurídico, sino a una lealtad partidaria. Como en los peores tiempos del relato kirchnerista, la impunidad se disfraza de garantismo, y los victimarios se visten de perseguidos.