Sin embargo, el CELS denunció su encarcelamiento como un caso de “criminalización selectiva”, acusando al gobierno nacional de llevar adelante una “persecución política”. En su comunicado, el organismo sostuvo que “la criminalización selectiva da un mensaje político: quienes disienten con este gobierno van a sufrir represalias, incluso cárcel. Quienes lo apoyan, pueden hacer y decir cualquier cosa”.
Esta posición no solo banaliza la gravedad del ataque a un funcionario elegido democráticamente, sino que también expone el doble estándar moral con el que operan los supuestos defensores de los derechos humanos. Para el CELS, las garantías solo existen para quienes piensan como ellos: si sos kirchnerista, todo está permitido; si sos liberal o de derecha, el castigo es ley.











