Casi la mitad de los grandes espacios utilizados por los piqueteros como depósitos fueron dados de baja.
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El endurecimiento de la política social del gobierno de Javier Milei y la implementación del Protocolo Antipiquetes han generado un notable retroceso en la estructura y capacidad de movilización de los piqueteros y las organizaciones de izquierda.
A medida que el Estado dejó de financiar intermediarios, estos espacios han reducido sus operaciones, cerrando depósitos y "emprendimientos cooperativos".
Menos asistencia, menos espacios
De acuerdo con datos confirmados, casi la mitad de los grandes espacios utilizados por los piqueteros como depósitos de mercadería y centros de producción cooperativa no fueron renovados. Esto afecta tanto a organizaciones de extracción peronista, como las que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), vinculada al Movimiento Evita de Emilio Pérsico, como a sectores de izquierda, entre ellos el Polo Obrero de Eduardo Belliboni.
Las razones del "achique" son múltiples, pero la principal es la interrupción en la entrega de alimentos secos por parte del Estado Nacional, lo que dejó en desuso grandes superficies de almacenamiento que se usaban para clientelismo.
Por la vereda
Dirigentes sociales han reconocido esta situación y han comenzado a reagrupar sus actividades en locales más pequeños y autogestionados. "Desde septiembre y octubre del año pasado empezamos a concentrar más las experiencias productivas y comunitarias en menos lugares", explicó un referente de la UTEP a Infobae. Según detalló, se han cerrado numerosos talleres textiles y se han fusionado cooperativas productivas con depósitos de alimentos o centros comunitarios.
Fin de la intermediación: el impacto en las organizaciones
El gobierno de Milei considera la reducción del poder de los movimientos sociales como un logro clave de su gestión. Desde Capital Humano afirman: "Sin dinero no hay piquetes. Sin el poder de los alimentos, no hay extorsión". El Ejecutivo eliminó la intermediación en la entrega de ayuda social, reemplazándola por asistencia directa mediante la tarjeta Alimentar Comunidad, donde los comedores y merenderos pueden comprar sus propios insumos y justificar los gastos de manera transparente.
Además, se han detectado irregularidades en la administración de los recursos. Auditorías revelaron que el 47% de los comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos no existían, lo que llevó a una serie de investigaciones judiciales. Como resultado, Belliboni y otros 17 dirigentes del Polo Obrero fueron procesados por presunta malversación de fondos y coacción sobre beneficiarios de planes sociales.
Belliboni cuando les cortaron el curro
Piqueteros sin capacidad de movilización
Otro factor determinante fue la eliminación del certificado de asistencia, que acreditaba la participación de beneficiarios de planes como Potenciar Trabajo en actividades cooperativas. Esto debilitó la capacidad de las organizaciones para movilizar gente en protestas, ya que muchos asistían a los piquetes bajo la amenaza de perder su beneficio social.
El 20 de diciembre de 2023 marcó un punto de inflexión. Ese día, el Polo Obrero organizó su primera marcha contra el gobierno de Milei, pero la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actuaron en conjunto para evitar desbordes. Se difundió el mensaje "El que corta no cobra" y se habilitó la línea 134 para denunciar casos de extorsión.
Cierran locales porque no los pueden mantener
Desde entonces, la reducción de manifestaciones ha sido drástica. De hecho, la Avenida 9 de Julio no ha sido cortada completamente desde el 11 de abril de 2024.
Reconfiguración del panorama social
El desmantelamiento del Potenciar Trabajo y su reemplazo por los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social han reconfigurado el mapa de la asistencia estatal, reduciendo la dependencia de intermediarios. Según Pettovello: "Terminamos con el clientelismo que afectaba a los trabajadores de la economía popular".
El repliegue piquetero de las calles y el cierre de espacios que antes eran claves para la logística de las organizaciones marcan un cambio en el escenario social argentino. Mientras el gobierno celebra el éxito de estas medidas, los movimientos sociales intentan reorganizarse en un contexto donde su margen de maniobra se ha visto drásticamente reducido.
