El proyecto prioriza a ciudadanos chilenos en salud, educación y asistencia estatal
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La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que restringe el acceso a beneficios sociales para inmigrantes en situación irregular, en una medida que marca un endurecimiento de la política migratoria del país. La iniciativa obtuvo 95 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones, y ahora continuará su trámite legislativo en el Senado.
El proyecto, impulsado por legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli, introduce modificaciones a la ley N°21.325 de Migración y Extranjería, con el objetivo de ordenar el acceso a prestaciones estatales y reforzar el control sobre el ingreso irregular al país.
La cámara de diputados otorgó media sanción.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que los inmigrantes que hayan ingresado a Chile por pasos no habilitados no podrán recibir ningún tipo de número identificatorio, ni temporal ni permanente. Esta disposición busca cerrar una vía que, según los impulsores del proyecto, permitía regularizar de hecho situaciones migratorias irregulares mediante el acceso a servicios estatales
Además, el texto habilita al Estado a priorizar a los ciudadanos chilenos en el acceso a servicios clave como la salud y la educación, especialmente cuando los recursos sean limitados. En ese sentido, se introduce un criterio de preferencia nacional frente a extranjeros en condición migratoria irregular, una definición que refuerza el principio de que los beneficios estatales deben orientarse primero a quienes cumplen con las normas legales del país.
Para acceder a beneficios sociales, los extranjeros deberán contar con una cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación. En el caso de prestaciones económicas directas, como subsidios habitacionales o ayudas monetarias, se exigirá además contar con residencia definitiva, elevando así los requisitos para el acceso a este tipo de asistencia.
Inmigrantes bolivianos.
La aprobación del proyecto refleja un cambio en el enfoque del debate migratorio en Chile, donde en los últimos años la presión sobre los sistemas públicos y el aumento de los ingresos irregulares generaron un creciente reclamo por mayores controles y reglas más estrictas.
Con media sanción en Diputados, el proyecto deberá ahora ser tratado en el Senado, donde se definirá si esta reforma se convierte en ley y consolida un nuevo marco migratorio más restrictivo en el país vecino
