La frase, lanzada sin mayor pretensión que generar debate, desató una reacción furiosa de los sectores más conservadores del progresismo periodístico. Lo que omitieron quienes hoy se escandalizan es el contexto histórico aludido: el 22 de octubre de 1985, el entonces presidente Raúl Alfonsín firmó el Decreto 2049/85 ordenando la detención sin juicio previo de 12 personas, entre ellas dos periodistas: Jorge Vago (de Prensa Confidencial) y Daniel Horacio Rodríguez (del diario La Prensa). También fue arrestado el analista político Rosendo Fraga. Completaron la lista el general retirado Guillermo Suárez Mason, cinco militares más y otros tres civiles.
Aunque se lo ha querido justificar como una medida preventiva en medio de amenazas y clima tenso, lo cierto es que la orden de detención precedió incluso al decreto de Estado de Sitio, el cual fue formalizado recién tres días después, el 25 de octubre. La legalidad de la medida —y su respeto por las libertades individuales— ha sido cuestionada durante décadas por constitucionalistas y defensores de derechos humanos.
