El relato kirchnerista ha hecho de la “obra pública” y el “derecho a la vivienda” dos de sus banderas más repetidas. Sin embargo, cuando se analizan los datos con precisión, el contraste entre el discurso y la realidad es tan evidente como alarmante. El programa Procrear, una de las principales apuestas del espacio durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, terminó revelándose como un mecanismo ineficiente, opaco y profundamente sesgado a nivel político.
Un ejemplo elocuente es la distribución de viviendas en el marco del plan: sólo tres municipios del conurbano bonaerense —Avellaneda, Berazategui y Lomas de Zamora— concentraron el 30% de las viviendas asignadas en todo el país, según información oficial. Estos tres distritos comparten un denominador común: todos fueron gobernados durante esos años por intendentes abiertamente alineados al kirchnerismo. En cifras: Avellaneda recibió 2.725 viviendas, Berazategui 1.413 y Lomas de Zamora 771, totalizando 4.900 unidades, un número escandaloso cuando se lo compara con el reparto al resto del país.
Mientras tanto, el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires recibió 5.249 viviendas, y el resto del país apenas 6.985. En otras palabras, tres distritos aliados se quedaron con casi un tercio del total nacional, lo que deja en evidencia el uso discrecional y politizado del programa.
El problema no termina en la concentración. Durante los años de mayor ejecución del Procrear, entre 2012 y 2015, se anunciaron metas ambiciosas: se prometieron 400.000 créditos hipotecarios y 30.000 viviendas en desarrollos urbanísticos. Pero los números reales contaron otra historia: apenas se entregaron unos 120.000 créditos en total (la mayoría destinados a refacciones) y solo una fracción de los barrios proyectados fueron completados. Peor aún: al finalizar 2023, más de 17.000 viviendas Procrear permanecían inconclusas, muchas de ellas completamente paralizadas.
