Se lo investiga por irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su mandato.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente kirchnerista y golpeador Alberto Fernández en la causa Seguros, que investiga irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su mandato.
El exmandatario enfrenta cargos por administración fraudulenta y por haber llevado a cabo presuntas negociaciones incompatibles con sus deberes como funcionario público.
El Tribunal de Apelaciones también dejó firmes los procesamientos, embargos y las prohibiciones de salida del país para el broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, junto con otros imputados.
En relación al expresidente, los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico señalaron que “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”.
Según detallaron, “para concretar las operaciones, tuvieron una intervención directa funcionarios de Nación Seguros (del directorio y de las gerencias comerciales y financieras vinculadas a las relaciones con el Sector Público) y, en ciertos supuestos, de los entes implicados. Y se contó con la connivencia de los particulares que ejercían como productores de seguros bajo la organización de Martínez Sosa".
Los magistrados señalaron que, “la concentración de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, desde el dictado del Decreto emitido por Fernández, significó un exponencial aumento de los posibles negocios surgidos de esa relación. Todo demuestra que ello fue aprovechado”.
Además, remarcaron que, “existen elementos reveladores de que Fernández intervino personalmente, a requerimiento de ellos, para dar continuidad a negocios que los involucraban. De este modo quedó ello reflejado en los intercambios conocidos en la investigación, así como en las consecuencias prácticas que ese involucramiento tuvo”.
Para la Cámara, lo ocurrido revela “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba”.
