La Justicia federal resolvió este viernes 23 de octubre sobreseer al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa que investigaba presuntas irregularidades y una supuesta estafa relacionada con el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

La decisión fue adoptada por Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, quien aceptó el planteo presentado por el fiscal Eduardo Taiano. El magistrado dispuso el cierre del expediente una vez que la resolución quede firme.

En su momento, la Oficina Anticorrupción había dictaminado que la publicación del mandatario realizada desde su cuenta personal de X no constituyó un acto institucional ni comprometió recursos públicos.

De acuerdo con los fundamentos difundidos sobre el fallo, el juez consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal. De esta manera, la resolución establece el sobreseimiento de los dos integrantes del Gobierno nacional en relación con los hechos investigados en el expediente.

El magistrado determinó la inexistencia de delito y aclaró que la formación de la causa no afectó el buen nombre y honor de los involucrados.

La medida también comprende a otros nueve imputados, entre ellos el empresario Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el estadounidense Hayden Davis, vinculado con la creación y promoción del activo digital.

La causa $LIBRA y los otros investigados

La investigación judicial se centró en presuntas irregularidades y una supuesta estafa vinculada con el lanzamiento de $LIBRA. En ese marco, la resolución de Martínez de Giorgi abarca tanto a Milei y a su hermana como al resto de las personas alcanzadas por la decisión.

El sobreseimiento representa una resolución favorable para los investigados, ya que implica el cierre de la persecución penal respecto de las personas y los hechos comprendidos, una vez que la decisión adquiere firmeza.

La decisión del juez federal se produjo luego de que el fiscal Taiano solicitara el sobreseimiento de los investigados. Martínez de Giorgi hizo lugar a ese planteo y consideró que los hechos denunciados no constituían una conducta encuadrada en una figura penal, según la información difundida sobre la resolución.