Un proyecto propone suprimir el cobro municipal de guías de traslado para reducir la carga fiscal injustificada al campo.
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La Legislatura de Córdoba analiza un proyecto de ley clave para simplificar la comercialización pecuaria y eliminar tasas municipales sin contraprestación. La iniciativa, presentada por Agost Carreño, busca adecuar el régimen provincial al sistema digital del Senasa, reconociendo al Documento de Tránsito Electrónico como único instrumento válido. Con este cambio estructural, se eliminaría la intervención obligatoria de municipios en la validación de guías de traslado de hacienda en pie.
El sector productivo, representado por entidades como Cartez y la Sociedad Rural Argentina, sostiene que estas tasas funcionan como peajes administrativos. Actualmente, la emisión del documento es íntegramente digital y centralizada, por lo que la mediación municipal ha perdido toda justificación técnica. El proyecto subraya que la jurisprudencia exige que toda tasa esté asociada a un servicio efectivo, algo que hoy no ocurre en las jurisdicciones locales.
La reforma plantea modificar la Ley Provincial 5.542 para adaptar el sistema de marcas y señales a la trazabilidad en tiempo real del sistema nacional. De aprobarse, la provincia reasumiría la organización del tránsito pecuario, quitando a los intendentes una potestad delegada que hoy solo suma burocracia. Esta medida no vulnera la autonomía municipal, sino que reorganiza competencias para mejorar la competitividad del sector ganadero cordobés.
Eficiencia digital frente a la voracidad fiscal de los municipios
La iniciativa legislativa argumenta que el sistema de guías en papel es un anacronismo que atenta contra la agilidad de la iniciativa privada. Al reconocer el documento electrónico como herramienta exclusiva, se garantiza la seguridad sanitaria nacional sin necesidad de ventanillas locales que encarecen el flete. El Ministerio de Bioagroindustria coordinaría con Senasa la interoperabilidad de los datos, asegurando la fiscalización sin intermediarios innecesarios.
El fin de estas "aduanas internas" permitiría que el productor reinvierta esos recursos en su propia explotación en lugar de financiar estructuras ineficientes. Los municipios mantendrían su poder de policía general, pero perderían la facultad de cobrar por un trámite que ya se resuelve de forma remota. Córdoba tiene la oportunidad de liderar un cambio de paradigma que priorice la fluidez comercial sobre la recaudación arbitraria.
La digitalización total permite una trazabilidad en tiempo real sin necesidad de ventanillas físicas en cada una de las jurisdicciones del interior. El sistema actual responde a un contexto administrativo basado en documentación física y trámites presenciales que ya fueron superados por la tecnología. Simplificar la vida de quienes producen es el único camino para fortalecer la economía y garantizar el respeto irrestricto al derecho de propiedad.
