Córdoba intentará imponer una especie de cepo a las apps de transporte

Un modelo restrictivo que desalienta la innovación

El proyecto incorpora requisitos que limitan el acceso al sistema, afectando tanto a conductores como a empresas tecnológicas. Entre las nuevas exigencias se incluyen seguros obligatorios, inscripción en registros municipales y requisitos técnicos que excluyen a muchos vehículos. Los autos deberán tener aire acondicionado, motor de 1.000 cc y no superar los diez años de antigüedad.

Además, los conductores deberán tener licencia categoría D1, sin antecedentes penales ni sexuales, y contar con seguro personal. Todo el proceso será digital, pero eso no compensa las restricciones impuestas. Los viajes solo podrán realizarse si fueron solicitados por aplicación y por un máximo de 12 horas diarias por conductor.

La habilitación estará limitada a quienes acrediten domicilio legal en Córdoba y estén inscriptos en Rentas y en el municipio. En los hechos, se excluye a trabajadores que hoy generan ingresos mediante estas plataformas sin depender del sistema estatal. La ordenanza también prohíbe operar fuera del marco digital autorizado.

Tarifas controladas y beneficios para los actores tradicionales

En lugar de permitir que el mercado defina el precio de los viajes según la oferta y la demanda, el proyecto impone una tarifa mínima. El valor no podrá ser menor al del boleto del transporte urbano (actualmente $1580), y sólo se permitirá un esquema dinámico dentro de ciertos márgenes. La competencia queda así condicionada por el control estatal de los precios base.

El oficialismo cordobés avanzó con un proyecto que restringe el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte. La iniciativa impone límites a la cantidad de autos habilitados, fija condiciones estrictas y establece una tarifa mínima obligatoria. La norma será tratada en el recinto tras el receso invernal, con apoyo de Hacemos Unidos por Córdoba.

Según lo aprobado en comisión, solo habrá una licencia por cada 375 habitantes permanentes. Con esa fórmula, Córdoba autorizará hasta 3.998 vehículos para operar, aun cuando hoy la relación de taxis y remises es más favorable. En lugar de ampliar opciones para los usuarios, el Municipio decidió proteger al sistema tradicional.

“Debemos atender la situación del transporte”, dijo el concejal oficialista Marcos Vázquez. Pero la ordenanza no atiende a los usuarios ni a los conductores independientes. La norma pone un freno al crecimiento de plataformas que operan con tecnología y eficiencia, imponiendo trabas al ingreso de nuevos oferentes.

Cuando un taxi o remis utilice la app, deberá apagar el taxímetro y aplicar la tarifa digital; y si el viaje es tomado en la calle, se usará la tarifa tradicional. Este sistema mixto beneficia a los taxistas, quienes tendrán asegurado un mínimo y flexibilidad tarifaria según el caso. Para las plataformas, en cambio, se fija un límite sin precedentes.

El oficialismo introdujo una cláusula que permite sumar a los remises como parte del sistema digital. Sin embargo, esta incorporación no tiene tope, lo que puede favorecer a los actores ya establecidos. Las sanciones por incumplimientos son severas: desde multas hasta la inhabilitación definitiva de las empresas.

Consenso político para una norma restrictiva y absurda

Vázquez afirmó que hubo diálogo con todos los bloques y que el texto fue modificado por pedido del intendente Daniel Passerini. Sin embargo, la norma mantiene su esencia restrictiva y continúa beneficiando al sistema tradicional. Desde la oposición, algunos bloques cuestionaron el cupo y el mecanismo de habilitación.

Uber opera actualmente con una autorización judicial provisoria, y DiDi también presta servicios en la ciudad. Con esta norma, el oficialismo busca blindar al sistema regulado antes de que crezca la competencia. El objetivo declarado es establecer reglas claras, pero el resultado es una regulación que desalienta la innovación.

De aprobarse, Córdoba se sumará a otras ciudades con normativas similares, aunque ninguna con un cupo tan bajo en relación con su población. Vázquez reconoció que la norma podría ser revisada en el futuro, pero defendió su aprobación. “Sabemos que no es definitiva, pero es un paso necesario”, declaró.