Correo Argentino: la causa que salpica a Mauricio Macri por defraudar al Estado
El expresidente y parte de su gabinete se encuentran imputados por corrupción y administración fraudulenta.
En el corazón del debate político argentino, la causa judicial conocida como "Correogate" tiene en la mira al expresidente Mauricio Macri. La investigación gira en torno a la polémica condonación de la millonaria deuda que el Correo Argentino mantenía con el Estado, firmada cuando él estaba en Casa Rosada, que salvó económicamente a sus empresas, generando acusaciones de corrupción y administración fraudulenta.
Ariel Lijo, el juez propuesto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema, es el encargado de la investigación. Esto ayuda a entender el nerviosismo que mantiene el ex mandatario por su nominación, y todas las operaciones que está impulsando en contra del gobierno.
"Correogate": los antecedentes del caso
El origen del conflicto se remonta al 24 de marzo de 1997, cuando el entonces presidente Carlos Menem privatizó el servicio postal en Argentina, otorgando la concesión a la Sociedad Macri (SOCMA), el grupo empresarial de la familia del expresidente Mauricio Macri.
La empresa Correo Argentino, propiedad de SOCMA, recibió la concesión hasta 2003. Durante este periodo, la compañía acumuló una deuda considerable con el Estado. En 2001, la deuda ascendía a 296 millones de dólares debido al incumplimiento del pago del canon establecido.
A medida que la deuda se acumulaba y se volvía más perjudicial para el Estado, la situación se volvió más crítica. La deuda fue parcialmente "licuada" con el paso del tiempo, una maniobra que resultó en una gran pérdida económica para las arcas públicas.
"Correogate": qué pasó con la causa judicial
La polémica cobró nueva dimensión en 2017 cuando el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a MauricioMacri, entonces presidente de la Nación, y a Oscar Aguad, ministro de Telecomunicaciones, por un acuerdo quefavorecía al Grupo Macri en relación con la deuda del Correo Argentino.
El acuerdo, alcanzado durante la presidencia de Macri, implicaba una quita del 98,82% de la deuda, lo que representaba un perjuicio considerable para el Estado. La medida también incluyó la cancelación de una multa millonaria impuesta a la empresa, a pesar de que existía una sentencia a favor del Estado.
El acuerdo suscitó críticas debido a que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) desistió de cobrar una gran multa a la empresa a pesar de que el Estado había ganado el juicio. Esta decisión fue vista como parte de una estrategia para beneficiar a la empresa del grupo Macri y sus aliados, lo que generó acusaciones de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
Las críticas a Mauricio Macri se intensificaron cuando se reveló que el acuerdo implicaba una condonación de deuda que perjudicaba gravemente al patrimonio del Estado. La propuesta del Correo Argentino de pagar una cifra muy inferior a la deuda real fue rechazada por la fiscal Gabriela Boquín, quien destacó que la oferta era significativamente menor al monto adeudado.
El procurador interino EduardoCasal, alineado con las directrices del Gobierno, también cuestionó la validez del acuerdo y las maniobras que llevaron a su aprobación. Los informes sugieren que hubo una serie de encuentros entre allegados al Gobierno y los encargados de la causa del Correo Argentino, lo que desató preocupaciones sobre la influencia y el poder de la familia Macri en la administración de justicia.
El fiscal Zoni, que inicialmente impulsó la investigación, fue desplazado en medio de un clima de tensión política y judicial. Las revelaciones sobre reuniones entre Macri y figuras clave, como el jefe de los espías Gustavo Arribas y el operador judicial Daniel Angelici, añadieron combustible al fuego de las acusaciones.
El impacto de la condonación millonaria es significativo, con estimaciones que sugieren un perjuicio para el Estado de hasta 70 mil millones de pesos. La situación culminó en abril de 2021 con una propuesta de pago por parte del Correo Argentino, que fue calificada como insuficiente por la fiscalía.
Finalmente, en julio de 2021, la jueza decretó la quiebra de la empresa, marcando el desenlace de una de las causas judiciales más controvertidas del gobierno de Macri.
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