Cristina Kirchner contrató al abogado del dictador Lula Da Silva por la causa Vialidad

Valim, por su parte, ostenta los títulos de doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y cuenta con más de dos décadas de experiencia en Derecho Constitucional y derechos humanos, áreas desde las cuales pretende cuestionar la validez de los fallos locales.

La condena que motiva esta movida internacional consiste en una pena de seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) tras hallarla responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Ante el cierre de las vías nacionales, la defensa de la condenada apuesta por la narrativa de la persecución política.

Desde el entorno de la defensa, Valim ha manifestado estar "firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto".

Asimismo, el abogado brasileño, quien es coautor del libro "Lawfare: una introducción", adelantó que "en los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidente".

Esta maniobra internacional, financiada y orquestada por los mismos sectores que han buscado debilitar el estado de derecho en la región, representa el último refugio de un proyecto político que hoy se ve obligado a rendir cuentas ante los estrados judiciales.

La expresidente Cristina Kirchner ha decidido elevar su desafío a la Justicia argentina mediante la contratación de Rafael Valim, un abogado estrechamente vinculado al dictador brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El objetivo de esta incorporación es diseñar una estrategia judicial que permita cuestionar ante tribunales internacionales la sentencia que la responsabiliza por el saqueo de fondos públicos en la denominada causa Vialidad.

Rafael Valim se integra a un equipo de asesores letrados que ya cuenta con la participación del abogado español Javier Borrego, quien posee antecedentes como juez del Tribunal Supremo de su país y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además, la Justicia argentina ha dejado firme la obligación de los condenados de devolver la astronómica cifra de $685.000 millones en concepto de decomiso por los daños ocasionados por la corrupción.

Recientemente, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declararon inadmisibles los reclamos interpuestos por la ex Presidente y otros condenados —entre ellos Lázaro Báez y Nelson Periotti— que intentaban oponerse a la actualización del monto del decomiso fijado en la causa.