En una gran acción judicial contra la corrupción, el empresario Lázaro Báez enfrenta el embargo y remate de un gigantesco patrimonio acumulado durante su estrecha vinculación con los gobiernos kirchneristas.
La Justicia federal avanzó con la ejecución de bienes tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad, que también involucra a la corrupta expresidente Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios, luego de que se venciera el plazo de 10 días hábiles otorgado a los condenados para reintegrar el dinero robado al Estado.
Según datos oficiales, a Báez se le embargaron 174 propiedades distribuidas en distintos puntos del país: 37 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, 4 en la provincia de Buenos Aires, 132 en Santa Cruz y una en Chubut.
Propiedades de Lázaro Báez.
Estas propiedades forman parte de un entramado empresarial que incluye firmas como Austral Construcciones, Loscalzo y Del Curto SRL y Gotti S.A., todas bajo la lupa por haber sido supuestas receptoras del direccionamiento de la obra pública durante más de una década.
Entre los bienes embargados se destacan estancias históricas y de gran valor simbólico, como Cruz Aike, Río Olnie y Los Gurises, muchas de las cuales fueron allanadas por la Justicia en operativos en los que incluso se realizaron excavaciones ante sospechas de que podrían haberse utilizado para ocultar dinero ilícito.
La ofensiva judicial también alcanza a la familia Kirchner y sus empresas: Los Sauces S.A., Hotesur S.A. y COMA S.A. se encuentran bajo ejecución, en paralelo a un total de 26 propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo inmuebles en Recoleta, Puerto Madero, El Calafate y Río Gallegos.
Lázaro Báez.
El expediente también involucra a Florencia Kirchner, hija de la corrupta expresidente, quien mantenía en una caja de seguridad alrededor de 6 millones de dólares en efectivo, cuya procedencia todavía no pudo ser justificada ante la Justicia. Ese monto también será incautado para el proceso de devolución de fondos al Estado, como parte de la ejecución de la sentencia firme dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2.
La Justicia apunta a recuperar un total estimado en 500 millones de dólares, correspondiente al dinero que habría sido desviado en el marco del direccionamiento de contratos de obra pública. De no reintegrarse de forma voluntaria, plazo que venció este 25 de junio, los bienes embargados serán rematados al mejor postor en subastas públicas ya en marcha.
