Se trata de Marisa Graham, que se ampara en una interpretación caprichosa de la ley para mantenerse en el poder.
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La Defensora de Niños y Adolescentes, la comunista Marisa Graham, volvió a hacer de las suyas con un intento descarado de atarse al cargo, poniendo en peligro la institucionalidad para manipular la normativa a su favor.
En lugar de respetar los mecanismos democráticos establecidos para su reelección, decidió modificar el reglamento interno de la institución con el único propósito de seguir al frente de un organismo cuya misión debería ser la defensa y promoción de los derechos de los niños y adolescentes, pero que bajo su gestión estuvo marcado por la inestabilidad y el cuestionamiento.
Graham, cuyo mandato finaliza el 28 de febrero de 2025, intentó quedarse en su puesto al aprovechar una incertidumbre en el funcionamiento de la Bicameral de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Congreso, que hasta la fecha no se ha conformado debido a las disidencias en su constitución.
Marisa Graham, la kirchnerista pro aborto que no quiere dejar el cargo.
Mientras tanto, en lugar de dar espacio a una renovación legítima, la titular de la institución, en su afán de conservar su cargo como todo izquierdista, recibió el respaldo del bloque kirchnerista que, en un claro acto de apoyo político, promovió una resolución a través de la senadora Alicia Kirchner a finales de 2024.
Este respaldo, lejos de ser un avance para la defensa de los derechos de los niños, parece más bien una maniobra política en la que la gestión de Graham se perpetúa a base de favores y acuerdos políticos.
Para asegurarse de seguir en el puesto, Marisa Graham emitió el 7 de enero una resolución (1/25) en la que modificó la normativa interna de la Defensoría, basándose en una interpretación muy cuestionable de la Ley 26.061.
En su resolución, argumenta la existencia de un supuesto "vacío legal" y una "incertidumbre insoslayable" que justificarían su permanencia en el cargo, a pesar de que la falta de reelección o designación de su sucesor no debería ser motivo para vulnerar los principios de renovación y control institucional.
Marisa Graham se resiste a dejar el cargo.
En palabras simples, Graham se ampara en una interpretación caprichosa de la ley para mantenerse en el poder, mientras esconde la falta de democracia interna en su gestión.
Además, Graham resalta con énfasis una supuesta "incertidumbre" que podría generar la falta de un sucesor en su cargo, hablando de una pérdida de derechos, la prescripción de acciones penales, e incluso la interrupción de procesos judiciales y de diálogo para garantizar la participación de los niños y adolescentes en la toma de decisiones que los afectan.
Sin embargo, esta alarmista justificación no hace más que ocultar un juego de poder que tiene poco que ver con la protección real de los derechos de los niños y mucho con el afán de perpetuarse en el cargo, incluso si eso significa que la institución se convierta en un instrumento político a su favor.
Es evidente que la manipulación de las normas para continuar en el puesto solo refleja la falta de compromiso verdadero con la misión que debería cumplir la Defensoría. Además, esta mujer ocupa el cargo ininterrumpidamente desde 2020 y, según demuestra, no tienen intenciones de dejarlo.
Marisa Graham, lejos de ser una defensora incansable de los derechos de los niños y adolescentes, dejó claro que lo único que defiende es su puesto y su permanencia en el poder, sin importar los costos para la institución ni los efectos negativos que esta situación pueda acarrear para los derechos de aquellos que debería proteger.
