En un apartado especialmente delicado, la denuncia menciona prácticas de “forum shopping”, una maniobra judicial que consiste en elegir el juzgado más proclive ideológicamente a fallar en favor de determinadas causas. El caso fue presentado por los amparistas un viernes 4 de abril por la tarde, con el objetivo de que Gallardo habilitara días inhábiles, evitando así que el expediente cayera en el juzgado de turno. “El juez justificó su participación basada en la urgencia de la tutela judicial ante un riesgo cierto y previsible, cuando los hechos invocados eran completamente hipotéticos”, detalla el texto oficial.
La resolución firmada por Gallardo ordena explícitamente que las fuerzas federales “se abstengan de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que a seguridad pública respecta”. También dispone que el Ministerio de Seguridad Nacional “retire su accionar” de las inmediaciones del Congreso Nacional durante la movilización, con el argumento de que se trata de “una controversia administrativa local”.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal alertó que esa afirmación carece de sustento jurídico, ya que las cuestiones vinculadas al accionar de fuerzas federales deben ser tratadas exclusivamente en el fuero federal. La denuncia oficial advierte que esta resolución “restringe indebidamente el rol de las fuerzas federales en garantizar la seguridad” y concluye con una afirmación categórica: “No intervenir implicaría declinar las misiones y funciones de seguridad asignadas constitucionalmente al Estado Nacional”.
El texto entregado al Consejo de la Magistratura porteño solicita la apertura de un sumario investigativo para determinar si existió mal desempeño por parte del magistrado. En caso de comprobarse las irregularidades, Gallardo podría enfrentar sanciones disciplinarias e incluso un eventual juicio político.
