La política más costosa fue el programa de Fortalecimiento de Áreas de Género, con $1.177 millones erogados. Aunque tenía como propósito atender a personas en situación de vulnerabilidad por motivos de identidad de género, el informe indica que no hubo control sobre la ejecución de los recursos. Incluso se solapaban funciones con el programa GenerAR.
En cuanto a las Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, se determinó que no estaban vinculadas al sistema educativo formal, no se acreditó cuántas personas fueron capacitadas, y no hubo ningún cambio sociocultural mensurable. Aun así, consumieron $562 millones en 2023.
El programa IgualAR, con un presupuesto de $313 millones, fue señalado como uno de los más opacos. Según la auditoría, el 85% de las transferencias a municipios y provincias no contaban con las declaraciones juradas correspondientes.
Uno de los hallazgos más graves fue la superposición de objetivos entre programas, lo que, según el Ministerio de Justicia, “generó ineficiencia en el uso de recursos públicos”. Los programas GenerAR y ArticulAR, por ejemplo, distribuían fondos a organizaciones sociales con finalidades casi idénticas, lo que derivó en duplicación de subsidios, riesgo de clientelismo y falta de trazabilidad.
La auditoría también identificó que AcompañAR, ArticulAR y AcercAR Derechos abordaban de manera desorganizada las mismas problemáticas vinculadas a la violencia de género, ofreciendo apoyo económico, asistencia legal y financiamiento a organizaciones sociales, sin ningún esquema de integración ni criterios claros de derivación.
