Una revisión interna ordenada por el actual Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, sacó a la luz un entramado de ineficiencia y falta de transparencia en los 13 programas que pertenecían al extinto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La auditoría fue demoledora: se detectaron subsidios duplicados, fondos sin rendición de cuentas, organizaciones beneficiadas sin antecedentes y materiales comprados que nunca llegaron a sus destinatarios.
La decisión de cerrar estos programas —con la promesa de un ahorro anual de $6.000 millones para el Estado— se basó en un informe técnico que detalló el uso discrecional de recursos públicos, la superposición de funciones entre áreas y la ausencia total de monitoreo sobre los objetivos propuestos.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del programa MenstruAR, que prometía facilitar el acceso a productos de gestión menstrual. Según la auditoría, el Estado compró 18.616 copas menstruales, pero solo se distribuyeron 1.200, según “la única rendición de cuentas” disponible. No se presentó ningún informe de gestión ni se sabe qué ocurrió con el remanente.
El programa GenerAR, diseñado para “fortalecer la institucionalidad en materia de género y diversidad” a nivel nacional y subnacional, ejecutó $941 millones en 2023. No obstante, el 48% de los subsidios otorgados carecía de informes de gestión o evidencia concreta de los resultados obtenidos.
“Se detectaron organizaciones beneficiarias con fecha de creación cercana al otorgamiento del subsidio, sin antecedentes comprobables de ejecución de proyectos similares”, señala el informe al que accedieron los medios.
Algo similar ocurrió con el programa ArticulAR, que gastó $525 millones en el último año de gobierno del Frente de Todos. En este caso, el 42% de las entidades subsidiadas no presentaron documentación respaldatoria, y en muchos casos los proyectos “no pudieron comprobarse” o “se alejaban del objetivo central del programa”.
La política más costosa fue el programa de Fortalecimiento de Áreas de Género, con $1.177 millones erogados. Aunque tenía como propósito atender a personas en situación de vulnerabilidad por motivos de identidad de género, el informe indica que no hubo control sobre la ejecución de los recursos. Incluso se solapaban funciones con el programa GenerAR.
En cuanto a las Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, se determinó que no estaban vinculadas al sistema educativo formal, no se acreditó cuántas personas fueron capacitadas, y no hubo ningún cambio sociocultural mensurable. Aun así, consumieron $562 millones en 2023.
El programa IgualAR, con un presupuesto de $313 millones, fue señalado como uno de los más opacos. Según la auditoría, el 85% de las transferencias a municipios y provincias no contaban con las declaraciones juradas correspondientes.
Uno de los hallazgos más graves fue la superposición de objetivos entre programas, lo que, según el Ministerio de Justicia, “generó ineficiencia en el uso de recursos públicos”. Los programas GenerAR y ArticulAR, por ejemplo, distribuían fondos a organizaciones sociales con finalidades casi idénticas, lo que derivó en duplicación de subsidios, riesgo de clientelismo y falta de trazabilidad.
La auditoría también identificó que AcompañAR, ArticulAR y AcercAR Derechos abordaban de manera desorganizada las mismas problemáticas vinculadas a la violencia de género, ofreciendo apoyo económico, asistencia legal y financiamiento a organizaciones sociales, sin ningún esquema de integración ni criterios claros de derivación.
