Los distintos gobiernos de España, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, adoptaron medidas para "combatir el cambio climático", las cuales incluyen la destrucción de presas y embalses.
Esta política, impulsada con la excusa de la "restauración del cauce natural de los ríos y la preservación del ecosistema fluvial", tuvo como consecuencia la demolición de cientos de infraestructuras de contención de agua.
Políticas "verdes" en crisis
Los recientes graves episodios de inundaciones en varias regiones del país, especialmente tras la DANA en Valencia, dejaron en evidencia los peligrosos efectos de estas demoliciones y las consecuencias de estas políticas "verdes" en la vida de los ciudadanos.
La Agenda 2030 de Naciones Unidas, y en particular su Objetivo 13, insta a los países a adoptar medidas urgentes para "mitigar los efectos del cambio climático", incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención de fenómenos climáticos extremos.
En este marco, la demolición de presas y azudes se convirtió en una herramienta para "naturalizar" los ríos y así fomentar la biodiversidad. España abrazó esta política sin cuestionamientos, convirtiéndose en el país líder en Europa en demolición de estructuras fluviales, con 560 embalses y represas destruidas en las últimas dos décadas.
Según el gobierno socialista de Pedro Sánchez, el desmantelamiento de estos embalses permitiría que los ríos recuperen sus flujos naturales y se revitalicen los ecosistemas acuáticos.
