Desde el viernes pasado, el Gobierno de Javier Milei ha comenzado una investigación, basada en evidencia concreta, para rastrear un importante flujo de dinero utilizado por redes financieras para transferir fondos provenientes de posibles agentes del terrorismo islámico.
La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de una aplicación de billetera virtual, una compañía de seguros y otros bancos. Estos informes indicaron que dos personas, que figuran como posibles terroristas en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), habían empleado el sistema financiero argentino para mover fondos destinados a objetivos del terrorismo islámico.
Todo esto se da en un contexto en donde prácticamente toda la oposición, aún conociendo el peligro que representa el terrorismo para nuestro país, y las constantes amenazas de muerte realizadas al presidente Milei, rechazó el financiamiento de 100 millones de dólares para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dejando al país completamente indefenso y entregado al terrorismo internacional.
Los dos individuos investigados fueron incluidos en la lista de potenciales terroristas el 27 de agosto pasado. La UIF concluyó que los movimientos sospechosos eran suficientemente graves como para tomar una primera medida extrema, con más acciones previstas en las próximas horas.
Los dos identificados por haber movido dinero ilegal, según el análisis de la ONU, la Casa Blanca y agencias de Inteligencia de potencias extranjeras, son un ciudadano argentino, que se identificará con las iniciales MAFU, originario de Córdoba; y el otro, nacido en Siria, están acusados por Estados Unidos de ser partes de los principales financistas de la agrupación Hezbollah, el brazo armado del régimen teocrático de la República Islámica de Irán, encargado de expandir la revolución del terror a nivel global.
