Mientras el kirchnerismo defendía la "soberanía", en el 2023 concedió la autorización para que la empresa británica Leolabs instalara un radar en Tierra del Fuego.
A lo largo de la gestión del Presidente Javier Milei, la Argentina ha recuperado su lugar en el mundo, consolidando alianzas estratégicas con potencias como EE.UU. e Israel y logrando hitos diplomáticos sin precedentes, como que la ONU llame a revisar la cuestión de la soberanía en las Islas Malvinas.
Sin embargo, la historia reciente no olvida la verdadera cara de quienes hoy se rasgan las vestiduras: el kirchnerismo. Mientras el relato oficial de 2023 se llenaba la boca con "soberanía", el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner autorizaba, en un acto de traición sin precedentes, la instalación de un ojo británico en el corazón de nuestra Tierra del Fuego.
Patriotas en el radar británico
A solo 700 kilómetros de las Islas Malvinas, la empresa inglesa Leolabs fue habilitada para operar en territorio nacional. Lo que se presentó bajo la cínica excusa técnica de “monitorear la basura que flota en el espacio” escondía, en realidad, un pie de guerra del Reino Unido en suelo argentino.
Con sede central en Londres, esta firma privada ofrece soluciones tanto civiles como militares, instalando radares en puntos estratégicos del globo.
La maniobra se gestó en las sombras de la burocracia estatal: primero fundaron la subsidiaria Leolabs Argentina SRL en Ushuaia. Posteriormente, en noviembre de 2022, la Subsecretaría de Comunicaciones, dependiente de la entonces Jefatura de Gabinete de la Nación, otorgó el permiso para construir esta estructura en la localidad de Tolhuin.
En apenas unos meses, el radar ya estaba operativo, vulnerando la integridad territorial ante la pasividad de un gobierno nacional entreguista.
La gravedad del hecho no fue solo una interpretación política. El propio Ministerio de Defensa, ante la evidencia contundente, emitió una resolución lapidaria: el radar representa una "amenaza a la seguridad nacional",. Según los informes técnicos, este dispositivo es apto para:
Monitorear la actividad satelital argentina, tanto en el ámbito civil como militar.
Interceptar datos sensibles.
Observar objetos terrestres, marítimos y detectar aeronaves.
A pesar de que los excombatientes de la guerra de 1982 se manifestaron con urgencia en el ingreso a la estancia “El Relincho” —lugar donde se emplazó el radar—, el gobierno de Fernández y Kirchner permitió que el sistema siguiera funcionando.
Detrás de la empresa Leolabs en el país, surgieron nombres que vinculan directamente la operación con el poder político de aquel entonces. El representante legal de la firma, Pablo Bilbao, se desempeñaba simultáneamente como abogado asesor de la ex diputada nacional por Tierra del Fuego, Mabel Caparrós.
Hacia septiembre de 2023, a pesar de que el Ministerio de Defensa había solicitado la cancelación y suspensión definitiva del radar, nadie se hacía cargo de ejecutar la orden,. Mientras tanto, el dispositivo continuaba enviando información potencialmente sensible a destinatarios desconocidos, dejando al país en un estado de vulnerabilidad absoluta.
Hoy, desde la distancia que otorga el tiempo en este 2026, queda claro que mientras otros sectores mienten con discursos de soberanía, otros, como el actual gobierno de Milei, la defienden con hechos, alianzas internacionales serias y firmeza diplomática. El kirchnerismo, en cambio, dejó la puerta abierta al invasor.
