Entre los decretos rechazados se encuentra el 345/25, que proponía la disolución de organismos como ARICCAME (Cannabis), INASE (Semillas) e INAFCI (Agricultura Familiar), cuyas funciones pasarían a ser absorbidas por el Ministerio de Economía.
Otro, el 351/25, reordenaba entes como el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro y la CONABIP, para integrarlos de forma eficiente en estructuras existentes.
El decreto 461/25, muy importante, habilitaba la eliminación de cargos duplicados, la fusión de estructuras y la disposición de bienes estatales ociosos a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Este decreto, orientado a racionalizar el aparato estatal, fue rechazado por 138 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, a pesar de su impacto positivo en la eficiencia y el ahorro público.
Además, el Congreso votó en contra del decreto 462/25, que reformaba el INTA e INTI, sacándole poder a cúpulas kirchneristas enquistadas y dotando al Ejecutivo de herramientas para designar funcionarios con verdadera capacidad de gestión. También fue rechazado el DNU 340/25, que introducía medidas urgentes de ajuste y racionalización presupuestaria, indispensable para preservar el superávit e impulsar el crecimiento económico.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Los proyectos aprobados
Como si esto no fuera suficiente, la oposición avanzó con la aprobación de proyectos que amenazan directamente la estabilidad fiscal. Uno de ellos es el aumento del presupuesto universitario y de los salarios docentes, sin ninguna fuente de financiamiento clara.
Otro es la llamada Emergencia Sanitaria Pediátrica, que pretende incrementar el gasto en salud infantil ignorando que el Hospital Garrahan ya recibió un aumento del 247% desde diciembre, superando en más de 120 puntos la inflación.
Ambas iniciativas, lejos de preocuparse por la sociedad, buscan destruir el superávit fiscal logrado por el Gobierno de Milei, quebrar al Estado, generar una nueva crisis económica y mandar a millones de argentinos a la pobreza. Mientras la administración libertaria se esfuerza por recortar privilegios, ordenar las cuentas y eficientizar el Estado, el Congreso parece decidido a preservar el statu quo que hundió al país durante décadas.
Pese al golpe institucional, los decretos rechazados aún siguen vigentes, ya que para su anulación se requiere el voto también del Senado. El Gobierno de Milei ratificó que continuará con su agenda de transformación, a pesar de una clase política que, una vez más, elige defender privilegios.
En una sesión impulsada por el kirchnerismo para intentar destruir nuevamente al Gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados rechazó una serie de decretos clave impulsados por el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apuntaban a modernizar el Estado, reducir el gasto público, terminar con el despilfarro y eliminar organismos obsoletos llenos de ñoquis kirchneristas.
Lejos de acompañar la política de déficit cero que devolvió a la Argentina al sendero del superávit después de décadas de despilfarro, la mayoría de los diputados eligieron blindar estructuras plagadas de cargos superpuestos, empleados militantes y gastos innecesarios.
En este contexto, los legisladores kirchneristas y sus aliados decidieron frenar decretos emitidos bajo las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases y, como si fuera poco, aprobar leyes que buscan aumentar fuertemente el gasto público para quebrar al Estado y generar una nueva crisis económica.
Diputados rechazó decretos clave de Milei y aprobó leyes que destruyen el superávit
