La Justicia provincial allanó la sede del Tribunal de Cuentas en medio del conflicto por la compra de drones. El operativo buscó secuestrar el expediente de la licitación valuada en US$ 6,8 millones para la Policía de Córdoba. El presidente del organismo, Beltrán Corvalán, denunció que el gobierno busca amedrentar a los auditores opositores.
Cuatro efectivos policiales ingresaron al edificio público para retirar la documentación administrativa requerida por el fiscal. El tribuno juecista advirtió que los papeles ya no estaban en esa dependencia y recordó que posee fueros. La medida judicial escala la tensión institucional entre el gobierno provincial y el ente de control.
El allanamiento ocurre luego de que la mayoría opositora frenara el visado del gasto por detectar irregularidades graves. Los vocales advirtieron que el proceso licitatorio estaba direccionado para favorecer a una única empresa oferente. La sospecha recae sobre una licitación "a renglón único" que elimina la competencia real de precios.
