El volumen —más de 115.000 páginas entregadas— constituye uno de los argumentos centrales del Gobierno para demostrar cooperación y descartar cualquier conducta obstructiva.
En los últimos días, la Argentina solicitó la suspensión del discovery ante la jueza Preska. Tras la negativa del tribunal, el Estado argentino inició el proceso de apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
Las partes ya han presentado sus argumentos dentro de los plazos estipulados por el tribunal. Desde la defensa argentina expresaron su confianza “en la razonabilidad del tribunal para rechazar un planteo desproporcionado e improcedente.”
Actualmente, el proceso atraviesa una instancia decisiva. Se aguarda una decisión sobre la apelación de fondo, mientras permanecen pendientes otras dos apelaciones vinculadas a la entrega de las acciones de YPF y al propio proceso de discovery.
Desde la Procuración del Tesoro señalaron además que “el apoyo recibido a nivel internacional y la reacción natural de los mercados sobre la expectativa de la resolución del litigio confirman los fundamentos de la estrategia trazada por la defensa argentina.”
El apoyo explícito del gobierno estadounidense no solo refuerza la posición jurídica argentina, sino que introduce una señal política clara en el escenario internacional: la administración norteamericana reconoce la validez de los argumentos soberanos invocados por el Estado argentino.
En un litigio que podría tener consecuencias multimillonarias y que impacta directamente en la estabilidad financiera del país, el acompañamiento institucional de Estados Unidos fortalece la estrategia adoptada por el Gobierno y consolida la narrativa oficial de que la defensa se encuentra sólidamente fundada en derecho internacional y en principios de inmunidad soberana.
