Este miércoles vencía el plazo que la jueza Loretta Preska había dado al gobierno de Estados Unidos para expresar su opinión sobre la posibilidad de que Argentina pague con acciones de YPF en manos del Estado a los beneficiarios de un fallo judicial por la expropiación de la petrolera.
El efecto Trump no se hizo esperar, es que ya se ven los resultados de la buena relación entre Milei y el republicano. Es que, el gobierno estadounidense solicitó a la jueza que impida dicha transacción, argumentando que esto violaría las normas de inmunidad soberana del país.
Según un analista de Latam Advisors, “El Gobierno de los EE.UU. pide a la Juez Preska que no ordene la entrega de las acciones de YPF en manos del Estado a los beneficiarios del fallo”. En referencia al pedido de Burford Capital de quedarse con los papeles que tiene el Estado Argentino.
La solicitud del Departamento de Justicia, respaldada por el fiscal Damian Williams y su adjunto David Farber, se presentó en septiembre con la intención de postergar la decisión judicial hasta después de las elecciones en EE.UU., permitiendo tiempo para formular una declaración de interés formal.
Los demandantes buscan acciones de YPF como compensación
Los principales beneficiarios del fallo, entre ellos el síndico de la quiebra de Petersen Energía Inversora S.A.U. y el fondo Eton Park Capital Management, presionan para que la jueza Preska ordene a Argentina entregar el 51% de su participación en YPF como compensación parcial.
Este pedido responde a la condena emitida en septiembre del año pasado, cuando Preska ordenó a Argentina pagar USD 16,000 millones a accionistas minoritarios afectados por la estatización de la compañía en 2012.
Los demandantes sostienen que el gobierno de Cristina Kirchner violó el estatuto de YPF al nacionalizar las acciones de Repsol sin extender la misma oferta a otros accionistas minoritarios, lo que llevó a esta demanda internacional.
Estrategias de presión y medidas legales en varios países
Mientras Argentina apeló la sentencia, los demandantes continúan aumentando la presión al acumular USD 1,000 millones en intereses sobre la deuda impaga. Además, buscan identificar activos soberanos para embargar en Estados Unidos, Irlanda e Inglaterra.
Entre las estrategias implementadas está la de “alter ego”, para probar que el Estado argentino es el mismo que YPF, lo que permitiría avanzar sobre otros bienes nacionales.
Asimismo, han solicitado información patrimonial sobre entidades como Aerolíneas Argentinas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Banco Nación, ARSA y ARSAT, así como acceso a comunicaciones de funcionarios actuales y de administraciones anteriores.
Escenario político y económico: clave para la relación con Estados Unidos
Analistas consideran que el respaldo del gobierno estadounidense en este caso podría ser clave para definir la situación financiera de Argentina en el corto plazo. Además de la posición de Estados Unidos, el rol de la relación con el FMI se vuelve fundamental, dado que Argentina deberá renegociar un crédito de USD 44,000 millones en 2025.
Con reservas internacionales en negativo, el país se encuentra en una situación delicada, y cualquier avance o resolución sobre el tema de YPF podría impactar en sus negociaciones y en su situación económica a nivel global.
