El Gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del país, en violación de las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.
La medida profundiza la estrategia desplegada por el Ejecutivo durante los últimos días para aumentar las consecuencias legales y económicas contra quienes intervengan en la explotación ilegal de recursos naturales argentinos.
Milei avanza con nuevas sanciones penales por Malvinas.
Según informó la Oficina del Presidente de la República Argentina, las nuevas acciones no alcanzarán únicamente a las compañías directamente involucradas, sino también a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan participado en decisiones vinculadas con esas actividades.
De esta manera, las presentaciones derivarán tanto en ampliaciones de procesos judiciales actualmente en curso como en la apertura de nuevas causas penales. “El Estado Nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”, señaló Presidencia.
El anuncio se suma a las medidas adoptadas recientemente por la administración de Milei contra compañías relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas, entre ellas las denuncias anunciadas contra firmas vinculadas al proyecto Sea Lion.
El Gobierno ya había avanzado contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic, entre otras compañías, mientras que Cancillería puso bajo investigación a decenas de personas físicas y jurídicas relacionadas con operaciones hidrocarburíferas no autorizadas por la República Argentina.
En paralelo, grandes compañías internacionales de servicios petroleros como SLB, Baker Hughes y Halliburton confirmaron que no participarán en proyectos vinculados con Malvinas, luego del endurecimiento de los mecanismos previstos en la legislación argentina. Las decisiones constituyeron uno de los primeros efectos concretos de la estrategia impulsada por el Ejecutivo para elevar el costo de participar en explotaciones realizadas sin autorización nacional.
La posición argentina se encuentra además respaldada por las resoluciones de las Naciones Unidas, que desde hace décadas solicitan a la Argentina y al Reino Unido abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras permanezca pendiente la controversia de soberanía, incluyendo aquellas relacionadas con la explotación de recursos naturales.
El presidente Javier Milei toma medidas históricas para reforzar la soberanía argentina.
Con las nuevas denuncias, la administración de Milei busca llevar la presión también al terreno de las personas físicas: ya no solamente las empresas podrán quedar alcanzadas por los procesos, sino quienes desde sus cargos hayan intervenido en las decisiones investigadas.
“El Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”, concluyó el comunicado presidencial.
