Tras el fallo favorable para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones. La iniciativa busca evitar que el país vuelva a enfrentar litigios millonarios como el que estuvo en juego durante los últimos años.
El mandatario advirtió que una resolución adversa en ese caso podría haber implicado un costo cercano a los 18.000 millones de dólares, lo que habría representado un fuerte golpe para la recuperación económica. En ese marco, el Gobierno decidió avanzar con una reforma estructural para limitar este tipo de intervenciones estatales.
El gabinete de Milei en la cadena nacional.
La propuesta oficial tiene como eje central reforzar la protección de la propiedad privada, restringiendo las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y estableciendo criterios más claros para su aplicación. Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es eliminar la discrecionalidad y brindar mayor previsibilidad jurídica.
Entre los principales cambios, el proyecto establece que el valor de los bienes deberá calcularse antes de cualquier alteración derivada del proceso expropiatorio, evitando distorsiones en la tasación. Además, incorpora mecanismos de evaluación independientes y obliga a publicar los criterios utilizados para determinar el precio.
Otro punto clave es que la indemnización deberá abonarse en efectivo y en su totalidad antes de concretarse el traspaso de la propiedad, salvo que el afectado acepte otra modalidad de pago. También se contempla la actualización del monto mediante el índice de inflación y el reconocimiento de intereses hasta la cancelación definitiva.
La iniciativa además limita las ocupaciones temporales, que solo podrán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo y por un plazo máximo de 60 días, sin posibilidad de prórroga. Este punto apunta a evitar abusos y garantizar que las intervenciones estatales no se prolonguen indefinidamente.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también defendió el proyecto al señalar que la protección de la propiedad privada es un pilar fundamental para el progreso. Según explicó, la reforma busca corregir distorsiones acumuladas y sentar las bases para atraer capitales en sectores estratégicos como energía, minería y agro.
Con este avance legislativo, el Gobierno intenta cerrar uno de los capítulos más costosos de la historia reciente y enviar una señal clara hacia el futuro: establecer reglas previsibles, reducir la discrecionalidad política y garantizar condiciones que favorezcan la inversión y el crecimiento sostenido.
