Luego de que se conociera la presunta red rusa que habría operado contra el gobierno de Javier Milei, la atención se trasladó a los medios que publicaron esos artículos. Ante las consultas, comenzaron a aparecer respuestas, silencios y explicaciones dispares.
Según el trabajo realizado por un consorcio de periodistas internacionales nucleados por openDemocracy, al menos 15 medios fueron contactados para dar explicaciones sobre la publicación de contenidos que, de acuerdo a los documentos filtrados, habrían formado parte de una campaña coordinada por el Kremlin.

Detrás de negativas generalizadas, comenzaron a aparecer matices que dejaron más preguntas que certezas. La mayoría de las fuentes consultadas sostuvo que los artículos no fueron encargados directamente, sino que llegaron a través de terceros, descritos como “agencias de prensa”, “consultoras” o simples intermediarios en los que "Ingenuamente" eligieron confiar.
Varios de los propios involucrados admitieron que estos contenidos fueron publicados sin un control editorial riguroso, lo que abre la puerta a que material con origen desconocido —y potencialmente vinculado a intereses extranjeros— haya sido incorporado a la agenda mediática local sin verificación suficiente.
No obstante, el dato más incómodo surgió de dos fuentes que sí reconocieron haber recibido pagos por publicar algunos contenidos. Según sus testimonios, el dinero no provenía directamente de Rusia, sino de intermediarios que presentaban los artículos como parte de intereses empresariales locales. En un caso, se habló de empresarios preocupados por la industria nacional; en otro, de sectores afectados por la paralización de la obra pública.










