La Fiscalía pidió que Belliboni vaya a juicio por extorsión y defraudación al Estado

El fiscal sostuvo que los acusados implementaron “un esquema de extorsiones y amenazas coactivas” para garantizar su influencia sobre los beneficiarios de los planes sociales, obligándolos a entregar parte del dinero recibido del Estado.

Fraude con facturas apócrifas

Además de la extorsión, los acusados fueron imputados por defraudación al Estado. Según la fiscalía, el Polo Obrero recibió fondos del ex Ministerio de Desarrollo Social para proyectos de formación laboral, pero estos habrían sido desviados mediante la utilización de más de un centenar de facturas falsas, simulando gastos en la implementación de programas sociales.

Origen de la investigación

La causa se inició en diciembre de 2023, al comienzo del gobierno de Javier Milei, cuando el Poder Ejecutivo habilitó una línea telefónica para recibir denuncias anónimas sobre coerción en organizaciones sociales. La medida apuntaba a evitar que beneficiarios de planes sociales fueran obligados a participar en la marcha del 20 de diciembre, que conmemora los disturbios del 2001.

Las denuncias recibidas dieron lugar a la investigación en Comodoro Py, donde se tomaron declaraciones a testigos protegidos que confirmaron las presuntas extorsiones.

Próximos pasos en la causa

1. El juez Sebastián Casanello deberá decidir si eleva la causa a juicio oral.
2. En caso de avanzar, Belliboni y los otros 17 imputados enfrentarán cargos por extorsión y defraudación al Estado.
3. La fiscalía argumenta que existen pruebas contundentes sobre el manejo irregular de los planes sociales.

Extorsión y manejo irregular de los planes sociales

La investigación determinó que, hasta febrero de 2024, el Polo Obrero tenía el control de 65.000 planes sociales y les retenía parte del dinero a sus beneficiarios. Según el dictamen de Pollicita, en solo seis meses, la organización habría recaudado más de 313 millones de pesos mediante este mecanismo.