El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena política tras un miércoles cargado de definiciones. Mientras la oposición avanzaba en la Cámara de Diputados con la anulación de su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde la Casa Rosada se anunciaba una alternativa responsable y sustentable: un aumento significativo en las prestaciones para personas con discapacidad, financiado con ahorro genuino y la eliminación de privilegios.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la decisión apenas media hora antes de la sesión parlamentaria. “El Gobierno nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La decisión es priorizar la atención, fortalecer las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, afirmó, y destacó que la medida podrá financiarse gracias a las auditorías sobre pensiones mal otorgadas que eliminaron “curros de muchos años”.
Cámara de Diputados.
A pesar de este anuncio, la Cámara de Diputados aprobó con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones la anulación del veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada por el kirchnerismo y sus aliados. La iniciativa ahora deberá ser tratada en el Senado, donde, de repetirse la misma votación, la norma entraría en vigencia.
El Presidente había vetado este proyecto porque, lejos de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, implicaba un impacto fiscal insostenible: más de 6 billones de pesos anuales (unos 5.000 millones de dólares), lo que significaría la destrucción del superávit fiscal, la quiebra del Estado y el inicio de una nueva crisis económica.
Entre los puntos más graves de la norma se encontraba la creación de una “Pensión Universal por Discapacidad”, que hubiera incorporado automáticamente a 1,6 millones de nuevos beneficiarios, sin un criterio de revisión serio y sin cláusulas de incompatibilidad. Esto hubiera generado que al menos 500.000 personas cobraran una doble pensión, superponiendo beneficios ya existentes y distorsionando la equidad del sistema.
Manuel Adorni en X:
Asimismo, la ley planteaba otorgar la pensión no contributiva a cualquier persona con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin diferenciar entre limitaciones leves y casos graves. Durante los gobiernos kirchneristas, la distribución masiva y sin control de estos certificados ya había derivado en abusos y fraudes millonarios contra el erario público.
En contraste con esta política de gasto descontrolado, la gestión libertaria anunció un plan de fortalecimiento para el sector basado en eficiencia, control y justicia distributiva. Adorni lo sintetizó así: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con curros de muchos años”.
