Las auditorías que está llevando a cabo el Gobierno de Javier Milei, mediante el Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sobre el universo de más de 1.800.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) revelaron situaciones que van desde lo absurdo hasta lo indignante.
Una gran parte de estos beneficios, especialmente los otorgados bajo el criterio de Discapacidad Laboral, fueron concedidos como parte de una política de subsidios arbitrarios durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, en lugar de responder a evaluaciones médicas rigurosas y necesidades sociales genuinas vinculadas a situaciones de vulnerabilidad.
Las irregularidades detectadas son alarmantes: certificados que acreditaban amputaciones inexistentes, una misma radiografía usada en 150 expedientes distintos, diagnósticos insólitos como "pie plano", una mujer que se hizo pasar por su marido disfrazándose, internos del sistema penitenciario que acudieron a las evaluaciones, e incluso personas fallecidas que continuaban cobrando mensualmente los $270.000 del beneficio estatal.
