Estos beneficios fueron dados como parte de una política de subsidios arbitrarios durante los gobiernos kirchneristas.
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Las auditorías que está llevando a cabo el Gobierno de Javier Milei, mediante el Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sobre el universo de más de 1.800.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) revelaron situaciones que van desde lo absurdo hasta lo indignante.
Una gran parte de estos beneficios, especialmente los otorgados bajo el criterio de Discapacidad Laboral, fueron concedidos como parte de una política de subsidios arbitrarios durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, en lugar de responder a evaluaciones médicas rigurosas y necesidades sociales genuinas vinculadas a situaciones de vulnerabilidad.
Las irregularidades detectadas son alarmantes: certificados que acreditaban amputaciones inexistentes, una misma radiografía usada en 150 expedientes distintos, diagnósticos insólitos como "pie plano", una mujer que se hizo pasar por su marido disfrazándose, internos del sistema penitenciario que acudieron a las evaluaciones, e incluso personas fallecidas que continuaban cobrando mensualmente los $270.000 del beneficio estatal.
Javier Milei, presidente de Argentina.
En el marco del reordenamiento del sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral (PNCIL), el Gobierno de Javier Milei, a través de la gestión encabezada por el ministro Mario Lugones, inició en febrero pasado un proceso de auditoría masiva. La primera etapa incluyó el envío de 300.000 cartas documento, y hacia abril ese número ya había ascendido a 470.000 intimaciones, de las cuales fueron entregadas 248.877.
Según los datos oficiales, las restantes 221.189 no pudieron ser entregadas por los siguientes motivos:
70% de los casos: la dirección del beneficiario estaba incompleta o mal declarada.
10%: las personas que recibieron la carta dijeron no conocer al destinatario.
928 personas ya habían fallecido, pero un tercero seguía cobrando la pensión.
11.000 beneficiarios se mudaron sin notificar su nuevo domicilio.
3.900 rechazaron recibir la intimación.
100 personas directamente renunciaron al beneficio tras recibir la carta documento.
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirman que actualmente hay 224.657 pensiones en estudio que podrían ser dadas de baja en el corto plazo, como resultado de estas inconsistencias o irregularidades.
Hasta el momento, ya se realizaron 83.616 entrevistas médicas y hay otras 128.660 evaluaciones programadas como parte del proceso de revisión.
Javier Milei, presidente de Argentina.
El ahorro potencial
Según los datos difundidos por el equipo de Lugones, las auditorías sobre estas pensiones conforman un "proceso progresivo que abarca más de un millón de casos y que busca garantizar que las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral cumplan con los criterios legales establecidos y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan de acuerdo con el decreto 842/2024".
Si se confirman las estimaciones realizadas por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el gobierno encabezado por Javier Milei prevé un ahorro de 900 mil millones de pesos durante 2025, lo que representa más de 700 millones de dólares.
