La organización criminal venezolana fue incluida en el Registro de Terrorismo.
El Gobierno subrayó que el crimen organizado es “una amenaza grave para la seguridad y el orden público”. Exige respuestas inmediatas y estrategias coordinadas.
El Tren de Aragua quedó incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esto habilita una serie de medidas para perseguir y desmantelar sus redes en el país.
El Tren de Aragua nació en 2014 en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, Venezuela. Con el tiempo, se convirtió en la mayor estructura criminal de Sudamérica, comparada con las poderosas maras centroamericanas.
La banda se formó bajo el liderazgo de Héctor Guerrero, alias "El Niño Guerrero", junto a otros cabecillas. Desde su fuga en 2023, su red se expandió a distintos países, aprovechando la crisis migratoria venezolana.
El grupo obtiene ingresos a través de secuestros, tráfico de drogas y trata de personas. Además, extorsiona a comerciantes y explota a migrantes en situaciones vulnerables.
La decisión del Gobierno argentino sigue la línea de Estados Unidos, que ya había identificado al Tren de Aragua como una organización terrorista. Desde Washington, advierten que el grupo es un peligro para la estabilidad de la región.
El Gobierno oficializó la declaración del Tren de Aragua como organización terrorista, una decisión que sigue la línea de Estados Unidos. La medida quedó publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La resolución 186/2025 fundamentó la decisión en informes reservados que confirman que el grupo representa “una amenaza seria y multifacética” para la seguridad nacional. Se lo vincula con delitos como narcotráfico, tráfico de personas, secuestros y extorsión, entre otros.
El Tren de Aragua usa el terror como herramienta para sus crímenes. Su accionar se extendió por toda Sudamérica, y en los últimos años su presencia se detectó en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
Entre las acciones previstas, se destacan el bloqueo de activos financieros, la cooperación internacional para su persecución y la posibilidad de aplicar penas más severas a quienes colaboren con la organización.
