El Gobierno denunciará por terrorismo a los responsables de la violencia en el Congreso

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la administración de Javier Milei presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los ataques contra el Congreso durante el debate de la reforma laboral. El Ejecutivo sostiene que se trató de una acción organizada para desestabilizar el orden institucional.

Denuncia por terrorismo: el Gobierno endurece la respuesta

Monteoliva fue contundente al describir los incidentes: personas con bidones de nafta, bombas Molotov, bulones para lanzar con gomeras y palos adaptados como armas. “Eso es violencia extrema con intención de desestabilizar”, afirmó. Según la ministra, no se trató de una protesta tradicional sino de un ataque coordinado contra el orden democrático.

La presentación se realizará en el fuero federal invocando la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que agrava las penas cuando los delitos buscan sembrar terror o forzar decisiones de las autoridades públicas. La calificación implica un cambio sustancial respecto de figuras penales menores como daños o resistencia a la autoridad.

“Una bomba Molotov es una bomba. Es un arma con intención de generar caos”, sostuvo la funcionaria en declaraciones radiales.

Defensa del operativo y respaldo a las fuerzas de seguridad

La ministra defendió el accionar policial y aseguró que se aplicaron los protocolos para evitar una escalada mayor.

Explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia mediante agua y gases antes de intervenir con brigadas de detención, ya que avanzar en ese contexto podía poner en riesgo la vida de los efectivos.

“No había manera de detenerlos en ese momento cuando estaban arrojando bombas Molotov”, señaló.

También respondió a cuestionamientos sobre la custodia de las vallas, destacando que cada estructura pesa aproximadamente cien kilos y que su sujeción es clave para evitar un efecto dominó peligroso.

Desde el oficialismo remarcan que el objetivo fue garantizar el funcionamiento del Congreso y proteger a la ciudadanía frente a grupos que, sostienen, intentaron sabotear el debate legislativo.

Identificación de los responsables y uso de tecnología

Monteoliva confirmó que ya hay más de diecisiete personas identificadas y más de setenta detenidos tras los incidentes. La investigación cuenta con la intervención de la fiscalía correspondiente y el análisis de material audiovisual proveniente de:

• Cámaras federales
• Cámaras de la Ciudad
• Registros de medios de comunicación

Entre los sistemas utilizados figura el Sistema Luna para reconocimiento facial y otras herramientas de análisis biométrico.

Según la ministra, los perfiles identificados incluyen personas de distintas edades y jurisdicciones, con algunos casos que registran antecedentes penales y posibles vínculos con barras bravas o agrupaciones radicalizadas.

Rechazo a teorías conspirativas de la izquierda

La funcionaria desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre supuestos infiltrados policiales entre los manifestantes violentos.

“Es un disparate pensar que el Gobierno genere ese tipo de situaciones”, afirmó, y subrayó que toda la actuación oficial está judicializada y documentada.

Orden público y agenda de reformas

Monteoliva informó que el saldo fue de siete efectivos heridos y civiles con lesiones leves, sin víctimas de gravedad. No obstante, cuestionó la rapidez con que en ocasiones la Justicia libera a detenidos en este tipo de hechos.

Además, respaldó la media sanción del proyecto de baja de la edad de imputabilidad, considerándolo un paso para fortalecer la respuesta del Estado ante delitos graves.

Desde la Casa Rosada insisten en que la prioridad es clara: garantizar el orden, proteger las instituciones y evitar que grupos violentos condicionen el debate democrático. La denuncia por terrorismo marca, en ese sentido, un endurecimiento del enfoque penal frente a episodios que el oficialismo considera intentos de desestabilización.