El Gobierno de Javier Milei presentó este lunes una denuncia formal ante la Justicia Federal por una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral argentino. Según la presentación, se trataría de un ataque planificado con presunta injerencia extranjera, cuyo objetivo central sería condicionar las próximas elecciones legislativas.
Según el comunicado oficial, la maniobra consistió en la captación ilegal de audios privados pertenecientes a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, así como de otros funcionarios de alto rango. El material habría sido manipulado o difundido de manera escalonada con el fin de instalar sospechas, generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas.
“No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado. El mismo apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”, señaló el texto difundido por la Casa Rosada.
El comunicado del Gobierno.
Según explicó el Gobierno de Milei, la gravedad del hecho radica no solo en el carácter ilegal de la práctica, sino también en la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa de Gobierno, lo que configuraría una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial.
En la denuncia, el Ejecutivo identificó a varias personas presuntamente vinculadas con la maniobra. Entre ellas, figuran el periodista kirchnerista Mauro Federico; el secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresario de medios, Pablo Toviggino; el conductor Jorge Rial, quien recientemente había declarado públicamente que “había que espiar al presidente”; y el abogado Franco Bindi, señalado como operador judicial cercano al exjefe de la Secretaría de Inteligencia Fernando Pocino.
El comunicado también apunta a la posible influencia de actores extranjeros, al remarcar que el patrón de la operación guarda similitudes con campañas de desinformación atribuidas a intereses rusos y chavistas en otros países, con el objetivo fue generar caos y desinformación.
El comunicado del Gobierno.
La Ley de Inteligencia Nacional en Argentina prohíbe de manera expresa que organismos o particulares realicen espionaje político o manipulen la opinión pública mediante actividades ilegales. Por este motivo, la denuncia solicita medidas cautelares urgentes para frenar la publicación de nuevas filtraciones y garantizar la transparencia del proceso electoral.
Desde el Gobierno de Milei advirtieron que el ataque no solo afecta a los funcionarios directamente involucrados, sino que busca socavar la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas.
