La iniciativa busca mejorar el acceso a tratamientos, redefinir criterios de intervención y fortalecer el sistema en todo el país.
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El Gobierno de Javier Milei enviará en los próximos días al Congreso un nuevo proyecto de ley de salud mental, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y corregir deficiencias en su implementación.
Así lo confirmó el Jefe de Gabiente, Manuel Adorni, a través de redes sociales: "En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental".
En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, explicó los fundamentos del proyecto mediante un mensaje en sus redes sociales: "La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto".
"Esa falla la padecieron muchas familias que durante años buscaron ayuda sin encontrar respuesta, aun en situaciones críticas en las que una intervención a tiempo podría haber evitado desenlaces graves o fatales", agregó.
El ministro de Salud, Mario Lugones.
El ministro destacó la colaboración de distintos grupos para corregir los problemas: "Para identificar los principales obstáculos en la implementación, se relevaron aportes de los actores involucrados, familiares, profesionales de la salud y especialistas, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria".
Finalmente, afirmó que "esta modificación busca que el sistema pueda intervenir a tiempo, con criterios más claros y herramientas concretas para actuar frente a situaciones de riesgo. Es el rumbo de este Gobierno, liderado por el Presidente Javier Milei: poner la vida y la salud de los argentinos primero".
Detalles del nuevo proyecto de ley
El proyecto apunta a actualizar la ley sancionada en 2010, incorporando cambios orientados a mejorar la respuesta sanitaria y a adaptar los criterios de atención a las necesidades actuales de cada jurisdicción.
Entre los principales ejes, se destaca la intención de garantizar un acceso más equitativo a los servicios de salud mental en todo el país, frente a la falta de aplicación uniforme que genera desigualdades.
Para la elaboración de la iniciativa, el Ministerio de Salud relevó aportes de familiares, pacientes, profesionales y referentes del ámbito judicial y legislativo. A partir de ese proceso, se identificaron problemas concretos en la implementación del sistema vigente, especialmente en lo relacionado con la capacidad de intervención ante situaciones críticas.
Uno de los cambios propuestos es la modificación de conceptos clave. En ese sentido, se plantea reemplazar el término “padecimiento mental” por la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el objetivo de lograr mayor precisión en los diagnósticos. Además, se redefine el criterio de riesgo como “situación de riesgo de daño para la vida o integridad física”, incorporando el contexto y los antecedentes para permitir intervenciones más oportunas.
Hospital José Borda.
En cuanto a las internaciones, el proyecto mantiene su carácter excepcional, pero introduce ajustes en los procedimientos. Se establece que el psiquiatra podrá indicarlas en situaciones de urgencia, con una ratificación interdisciplinaria dentro de las 24 horas y notificación judicial en el mismo plazo. También se prevé revisar el alta voluntaria en función de la capacidad del paciente.
Otro de los puntos relevantes del proyecto es la revisión del esquema de atención. El documento advierte que el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado de pacientes a hospitales generales no siempre resulta viable, debido a limitaciones de recursos y condiciones de seguridad. En ese marco, se plantea la necesidad de mantener la internación especializada para casos complejos.
La propuesta incluye además el fortalecimiento de una red de atención en salud mental organizada por niveles de complejidad, que integre hospitales especializados, hospitales generales, dispositivos ambulatorios, espacios comunitarios y residencias asistidas.
Finalmente, el proyecto contempla mejoras en los sistemas de información, como el RESAM y el REFES, con el objetivo de contar con datos más precisos sobre los recursos disponibles y optimizar la planificación del sistema sanitario.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Milei busca avanzar en una reforma integral del marco legal de salud mental, con foco en la intervención temprana, la disponibilidad de herramientas concretas y la ampliación del acceso a tratamientos en todo el país.
