El Gobierno de Javier Milei está analizando la posibilidad de deportar a 133 extranjeros, 109 que no convalidaron la nota y 24 que no se presentaron, que ingresaron al país bajo la condición de turistas para rendir el Examen Único de Residencias Médicas, pero que no declararon correctamente el motivo de su visita, sumado a las irregularidades y fraudes detectados en el examen, según reveló el medio A24.
La situación se complicó cuando se hizo pública la denuncia contra Adrián Alejandro David Castillo, un inmigrante ecuatoriano implicado en la filmación ilegal del examen. Según la investigación oficial, Castillo “leía el examen, lo filmaba, iba al baño, lo transmitía, le pasaban las respuestas y después las repartía”. Este hecho llevó a la judicialización del caso, que actualmente está bajo análisis del juez federal Juan Ercolini, quien investiga la presunta defraudación al Estado.
Los 117 aspirantes sospechados de fraude que participaron en la prueba inicial, realizada el 1 de julio en el predio Parque Roca, tuvieron que volver a rendir el examen el pasado 7 de agosto en una instancia de revalidación con estrictos controles de seguridad para evitar fraudes. Los resultados fueron contundentes: ninguno de los participantes logró igualar ni superar la nota obtenida en el primer examen, y en muchos casos, las calificaciones sufrieron caídas significativas. A raíz de estos resultados, 109 extranjeros quedaron desaprobados.
El ministro de Salud, Mario Lugones, con médicos.
Para garantizar la transparencia del proceso, el Ministerio de Salud publicó en su sitio web oficial los listados comparativos entre las calificaciones originales y las obtenidas en la segunda evaluación, lo que permitió un escrutinio público y confirmó las irregularidades detectadas inicialmente.
Actualmente, la investigación continúa abierta para esclarecer el esquema organizado de fraude académico entre los postulantes extranjeros y para determinar las posibles sanciones administrativas y migratorias a aplicar. La medida de expulsión implicaría que esos aspirantes no sólo pierdan la oportunidad de acceder a las residencias médicas en Argentina, sino que además sean inhabilitados para futuros ingresos al país bajo otros regímenes migratorios.
El Gobierno de Milei denunció el fraude.
La denuncia del Gobierno de Milei
En paralelo a las posibles sanciones y deportaciones, el Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra quienes cometieron fraude o fueron cómplices en el escándalo del Examen Único de Residencias Médicas, realizado el pasado 1° de julio.
La medida alcanza a aspirantes, en su mayoría extranjeros, que accedieron de forma irregular a los resultados del examen mediante dispositivos tecnológicos de espionaje y colaboración externa.
El ministro de Salud, Mario Lugones, confirmó públicamente la presentación judicial, y explicó que la decisión busca proteger la integridad del sistema de salud argentino. “Desde el Ministerio de Salud no vamos a permitir que se acceda al sistema con engaños”, expresó Lugones. “El ingreso a las residencias es el primer paso para cuidar la salud de los argentinos: detrás de cada médico hay pacientes que merecen la mejor atención”, agregó.
