El Gobierno de Javier Milei está analizando la posibilidad de deportar a 133 extranjeros, 109 que no convalidaron la nota y 24 que no se presentaron, que ingresaron al país bajo la condición de turistas para rendir el Examen Único de Residencias Médicas, pero que no declararon correctamente el motivo de su visita, sumado a las irregularidades y fraudes detectados en el examen, según reveló el medio A24.
La situación se complicó cuando se hizo pública la denuncia contra Adrián Alejandro David Castillo, un inmigrante ecuatoriano implicado en la filmación ilegal del examen. Según la investigación oficial, Castillo “leía el examen, lo filmaba, iba al baño, lo transmitía, le pasaban las respuestas y después las repartía”. Este hecho llevó a la judicialización del caso, que actualmente está bajo análisis del juez federal Juan Ercolini, quien investiga la presunta defraudación al Estado.
Los 117 aspirantes sospechados de fraude que participaron en la prueba inicial, realizada el 1 de julio en el predio Parque Roca, tuvieron que volver a rendir el examen el pasado 7 de agosto en una instancia de revalidación con estrictos controles de seguridad para evitar fraudes. Los resultados fueron contundentes: ninguno de los participantes logró igualar ni superar la nota obtenida en el primer examen, y en muchos casos, las calificaciones sufrieron caídas significativas. A raíz de estos resultados, 109 extranjeros quedaron desaprobados.
Para garantizar la transparencia del proceso, el Ministerio de Salud publicó en su sitio web oficial los listados comparativos entre las calificaciones originales y las obtenidas en la segunda evaluación, lo que permitió un escrutinio público y confirmó las irregularidades detectadas inicialmente.
