La IGJ pidió documentación por más de USD 450 millones y advirtió posibles sanciones económicas.
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El Gobierno nacional intimó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol para que presenten explicaciones y documentación respaldatoria sobre sus balances contables y financieros, que incluyen gastos e inversiones por montos millonarios difíciles de justificar.
La medida será ejecutada por el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), y apunta a esclarecer cifras que superan los USD 111 millones en el caso de la AFA y USD 340 millones en la Liga Profesional. Desde el Ejecutivo advirtieron que se trata de un procedimiento regular de control, idéntico al que se aplica a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin privilegios ni excepciones.
En el comunicado oficial, la IGJ señaló que se exigirá a ambas entidades responder todas las observaciones realizadas sobre sus estados contables, además de presentar documentación que respalde gastos e inversiones vinculadas con actividades que no estarían contempladas en sus estatutos sociales. En particular, remarcaron que la AFA es una asociación civil sin fines de lucro, lo que impone límites claros sobre el destino y la naturaleza de sus recursos.
Claudio "El Chiqui" Tapia con Axel Kiciloff.
Desde el Gobierno subrayaron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades como para sus directivos. El mensaje fue explícito: nadie está por encima de la ley.
La intimación se da en un contexto de creciente presión judicial y administrativa sobre la conducción del fútbol argentino. Días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la CONMEBOL contra autoridades de la AFA por presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción del organismo sudamericano.
En paralelo, el juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico N.º 10, investiga una presunta red de testaferros vinculados a altos dirigentes de la AFA. La causa incluye a la firma Real Central SRL y a dos personas físicas con perfiles económicos incompatibles con los bienes que figuran a su nombre. Entre los activos bajo análisis aparece una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, con helipuerto, instalaciones deportivas y vehículos de lujo.
Claudio "El Chiqui" Tapia.
La investigación también apunta a contrataciones directas entre la AFA y empresas proveedoras, como el caso de Malte SRL, contratada por unos USD 550.000 para el sistema VAR, pese a presuntos vínculos con ex directivos del organismo.
Frente a estos avances, la AFA respondió denunciando una supuesta persecución política y volvió a rechazar cualquier intento de control estatal, además de cuestionar el impulso oficial a las Sociedades Anónimas Deportivas. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que no se trata de una disputa política, sino de hacer cumplir la ley y garantizar transparencia en el manejo de fondos millonarios.
