Mientras el gobierno bonaerense invirtió más de $7.500 millones en el operativo, se emitió una estricta prohibición para tapar que miles de agentes debieron dormir sobre cartones en la calle y patrullar desarmados.
Salieron a la luz nuevas fotos sobre cómo Kicillof humilló a la Policía durante el operativo por la visita del Papa
La gestión kirchnerista ordenó a los titulares de las dependencias supervisar la notificación fehaciente de la totalidad del personal a su cargo. El texto oficial especificó de manera coercitiva que la prohibición alcanza a “todas las plataformas y medios digitales, tales como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp (incluidos estados), y cualquier otra red social o aplicación de mensajería, así como también a grupos privados y cualquier otro espacio de difusión digital”.
Para apretar las tuercas del control ideológico, la orden advirtió que “ningún efectivo podrá compartir, reenviar, publicar o facilitar a terceros material de esta naturaleza”, fijando como fecha límite obligatoria el lunes 16 del corriente mes para elevar las actuaciones producidas bajo apercibimiento.
La nefasta gestión del kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires ha vuelto a exponer su costado más autoritario y degradante. Ante el estrepitoso colapso del operativo de seguridad desplegado por la histórica visita del Papa León XIV a la localidad de Luján, el gobierno encabezado por el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso, recurrió a la amenaza abierta y la censura institucional para acallar las denuncias de las fuerzas de seguridad. Mientras el relato oficial intentaba vender un despliegue impecable que movilizó a 30.000 servidores públicos con un presupuesto estratosférico superior a los 7.5 mil millones de pesos, la realidad en el terreno mostró a miles de efectivos sometidos al abandono y a condiciones de trabajo precario e inhumano.
Frente a la inminente filtración de imágenes que dejaban al descubierto el desprecio estatal, las autoridades bonaerenses hicieron circular una disposición intimidatoria destinada a amedrentar al personal policial. A través de una circular oficial del Ministerio de Seguridad de la Policía Bonaerense, la cúpula oficialista dictaminó que se encuentra “prohibida la difusión, publicación, reproducción o viralización, sin la debida autorización, de imágenes, videos, audios, fotografías, escritos o cualquier otro tipo de material relacionado con la actividad policial”.
Comunicado de la Policía Bonaerense
La prohibición estricta extendió sus tentáculos sobre “todo contenido vinculado al personal policial, condiciones de prestación del servicio, procedimientos, operativos, instalaciones, móviles, dependencias y cualquier circunstancia relacionada con el desempeño de la función policial”, argumentando cínicamente que la medida busca “preservar la imagen institucional” y la “seguridad del personal”.
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
Detrás de la mordaza oficial, las denuncias y el material filtrado por los propios agentes revelaron la magnitud del desprecio del estado bonaerense hacia sus trabajadores. Pese al elevado costo presupuestario del evento, cientos de policías bonaerenses debieron permanecer hacinados en el barro dentro de carpas improvisadas, durmiendo en pisos de gimnasios, patios, estadios de básquet, frentes de viviendas, al costado de la ruta o directamente sobre el asfalto en la vía pública. Ante la escasez de catres y la presencia de colchones deteriorados, muchos efectivos recurrieron a juntar cartones de la basura para usarlos como colchón a la intemperie.
Los policías padecieron la falta de baños químicos e instalaciones sanitarias básicas, viéndose obligados a consumir agua almacenada en tanques expuestos a la intemperie. En materia alimentaria, la tropa recibió viandas vencidas y en mal estado tras soportar extenuantes jornadas de más de 48 horas seguidas de guardia. A esta desidia se sumó el pago de un viático irrisorio de apenas $60.000 diarios, lo que representó una compensación miserosa de $300.000 por 5 días de trabajo en condiciones extremas, contrastando ferozmente con la dilapidación de recursos de la cúpula gubernamental.
Policía bonaerense
Para colmo del riesgo operativo, las autoridades provinciales ordenaron el retiro del arma reglamentaria a parte del personal abocado al procedimiento, dejando a los efectivos desarmados ante posibles agresiones en la vía pública. En abierto contraste con el calvario de la fuerza, el gobernador Axel Kicillof se exhibió en el Museo de Bellas Artes de Luján junto al ministro Javier Alonso, el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig y el intendente Leonardo Boto. Allí, Kicillof afirmó que “no se trata de una visita más, es un hecho histórico y un acontecimiento de enorme significado espiritual, humano y social”, sosteniendo demagógicamente:
“Frente al individualismo, su voz de enorme potencia nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, naturalizar la crueldad, ni construir una sociedad basada en la indiferencia y el abandono de los más vulnerables”. Cabe destacar que mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa la responsabilidad fiscal en el uso de fondos, el discurso oficial citó el legado del Papa Francisco para enmascarar el severo ajuste sobre los efectivos.
Policía bonaerense
Sin embargo, las desgarradoras palabras de los agentes aplastaron la narrativa oficialista. Un efectivo denunció en redes: “No les alcanzó mearnos, si no que se limpiaron la chota con nosotros esta es la policía de la provincia, la que sobrevive gracias a la gente y el esfuerzo y la voluntad que le pone cada vigilante esto no es nuevo para nosotros, vivimos tirados, estamos acostumbrados a sobrevivir con lo que tenemos y podemos. Buscamos en la basura cartones para tirarnos en el piso a dormir”.
Otro agente indignado agregó: “Una vergüenza lo que estamos viviendo. Algunos llevamos más de 48 horas sin poder dormir ni higienizarnos y ahora tenemos que seguir despiertos hasta mañana. Las viandas de comida vencidas, en mal estado, y no nos pagan ni siquiera un viático. Pagaron 300.000 pesos por 5 días en esas condiciones”. Mientras el operativo desplegó 1.200 trabajadores de la salud, 45 ambulancias, 8 unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos, 8 hospitales de referencia, 4 hospitales de campaña, 2 helicópteros sanitarios, 12.000 policías, 10.000 voluntarios, 51 postas de cuidado y 30 carpas eucarísticas, la prioridad del kirchnerismo fue encarcelar la verdad detrás de un vergonzoso comunicado de censura.
