El gobierno de Kicillof frena las habilitaciones de geriátricos y deja sin cobertura a jubilados

La problemática adquiere especial relevancia en General Pueyrredon, donde Mar del Plata concentra una importante población de adultos mayores.

Ante este escenario, el reclamo también llegará a la Legislatura bonaerense. El diputado provincial Diego Garciarena adelantó que presentará un pedido de informes al Ministerio de Salud para conocer los motivos de las demoras y señaló que trabaja en una iniciativa para actualizar la normativa que regula los geriátricos.

“Vemos que hay muchos lugares que cumplieron con todos los trámites, pero la habilitación de la Provincia no llega. Sin eso, IOMA y PAMI no brindan cobertura”, afirmó.

Mientras tanto, los expedientes continúan pendientes de resolución y las familias deben afrontar los costos de atención de los adultos mayores sin poder acceder a los convenios de cobertura correspondientes por culpa de Kicillof.

En territorio bonaerense, la regulación y fiscalización de los establecimientos depende del Ministerio de Salud provincial, en el marco de la Ley 14.263. Sin el certificado definitivo de habilitación emitido por esa cartera, los geriátricos no pueden formalizar acuerdos prestacionales con las obras sociales estatales, incluso cuando ya funcionan y cumplieron con los requisitos correspondientes.

Esta situación tiene un impacto directo sobre las familias. Al quedar fuera de la red de cobertura de IOMA y PAMI, las residencias no pueden ofrecer las prestaciones mediante esos convenios, lo que obliga a los afiliados a pagar los aranceles privados para garantizar el cuidado de sus familiares.

Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido a los tiempos administrativos de la administración kirchnerista. Al respecto, el senador nacional Maximiliano Abad sostuvo: “Mientras un expediente duerme en La Plata, un adulto mayor sigue esperando. Eso no es burocracia: es desinterés”.

El legislador también remarcó que los establecimientos ya cumplieron con las exigencias necesarias y que la documentación pendiente depende de una resolución provincial.