El escrito, firmado por el auditor General de Asuntos Internos, Darío Díaz, afirmaba que las manifestaciones de la fuerza policial habían sido llevadas a cabo por un "grupo reducido de personas sin representatividad". Sin embargo, la realidad en las calles mostraba otra situación.
Además de los 18 efectivos echados y denunciados penalmente por el Ministerio por presuntos "delitos de sedición", intimidación pública e incumplimiento de deberes, numerosos agentes en actividad y retirados se sumaron a las protestas y realizaron un acampe en Puente 12, en La Matanza.
Lo más alarmante de este panorama es la intención del gobierno kirchnerista de Kicillof de censurar a los medios independientes que cubren la dura realidad que se vive en la Provincia.














