La Justicia de Estados Unidos rechazó el lunes el pedido de una ONG local que buscaba anular el fallo por la nacionalización de YPF a manos del kirchnerismo.
De este modo, se mantiene firme la sentencia que obliga a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford y Eton Park debido a la manera en que se llevó a cabo la estatización de la petrolera en 2008, impulsada por la expresidente y condenada por corrupción, Cristina Kirchner, y el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
La solicitud había sido presentada por la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), que ha intervenido en distintos litigios internacionales relacionados con intereses argentinos.
El especialista en demandas contra Argentina en tribunales internacionales, Sebastián Maril, confirmó la resolución. "Preska rechaza el pedido de RA4ARG de anular el fallo YPF", publicó en su cuenta de X.
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
La expropiación
RAFA había presentado en el juzgado de la jueza Preska documentación sobre la presunta compra fraudulenta en 2008 del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, con la complicidad del matrimonio Kirchner, a quienes se señala como posibles testaferros.
El abogado argentino Fernando Irazu ingresó ante el tribunal de Nueva York una Moción de la Regla 60, un recurso legal que permite solicitar la anulación de una sentencia.
En el documento incluyó la denuncia que Elisa Carrió presentó en Comodoro Py en 2006 sobre el supuesto vaciamiento de YPF para abaratar sus acciones, así como las ampliaciones realizadas en 2012 y 2023, en las que se acusa a los Kirchner de haber pactado con Eskenazi la adquisición de las participaciones de la petrolera.
Cristina Kirchner, expresidente de Argentina.
En 2023, Preska dictaminó que el Estado argentino era responsable por la expropiación del 51% de las acciones de YPF a la empresa española Repsol en 2012, sin haber lanzado una oferta pública de adquisición para los demás accionistas minoritarios de la mayor petrolera del país.
Los fondos Burford y Eton Park exigieron millonarias compensaciones argumentando que Argentina debía haber extendido la oferta pública de compra a todos los tenedores de acciones fuera de Repsol.
El Gobierno argentino defendió su postura alegando que la ley de nacionalización de YPF, aprobada por el Congreso en 2012 bajo la administración de Cristina Kirchner, le impedía adquirir acciones adicionales.
En su petición, Republican Action for Argentina solicitó la suspensión del proceso, la nulidad del fallo y la apertura de una investigación criminal contra los demandantes y otras partes implicadas, incluyendo a la expresidenta y a la familia Eskenazi.
La fundación sostiene en su denuncia que en 2008 "la familia Kirchner forzó" a Repsol a vender "un 25% de YPF a la familia Eskenazi".
Posteriormente, tras la nacionalización de 2012, los Eskenazi no pudieron afrontar el pago de los préstamos utilizados para ingresar a YPF, lo que llevó al colapso de las empresas del Grupo Petersen en España.
