Argentina y Paraguay lograron un importante acuerdo tras meses de tensiones diplomáticas por el cobro del peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay. El conflicto, originado por la decisión del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández de implementar una tasa de 1,47 dólares por tonelada en el tramo del río Paraná entre Confluencia y el puerto de Santa Fe, había generado una pelea entre ambos países. Paraguay argumentó que la medida violaba el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, lo que desencadenó fricciones en la región.
Bajo la gestión del presidente Javier Milei, se realizaron esfuerzos para destrabar el conflicto a través de reuniones organizadas por la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE). Estos encuentros incluyeron a actores clave como el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM), la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), y la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (CATERPPA), con el objetivo de mejorar las condiciones de navegabilidad de la hidrovía.
En una primera reunión, ambas partes acordaron trabajar en conjunto para adecuar y optimizar los servicios de navegación y transporte fluvial, estableciendo una mesa técnica para abordar temas como el dragado y el balizamiento del tramo. Se propuso además una contraprestación justa, considerando herramientas adicionales para mejorar la infraestructura y modernizar el sistema.
El proceso de negociación avanzó y recientemente se firmó un Acta de Acuerdo por la tasa retributiva en el tramo Confluencia-Santa Fe. Este acuerdo, firmado por la AGP y los representantes de los armadores fluviales de Paraguay, establece una bonificación de 0,67 dólares sobre la tarifa inicial, reduciendo el peaje a 0,80 dólares por tonelada entre el 15 de febrero de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Posteriormente, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, la tarifa será de 1,20 dólares, con una bonificación de 0,27 dólares.
El acuerdo también incluye medidas para quienes presenten deudas por el período ya facturado, otorgando 45 días para saldar los montos con las tarifas bonificadas. En caso de incumplimiento, perderán el beneficio y estarán sujetos a acciones judiciales. Además, quienes ya hayan pagado en su totalidad recibirán un crédito a su favor.
Finalmente, se crearon dos Mesas de Trabajo: una Ejecutiva, para el seguimiento del cumplimiento de los pagos, y una Técnica, para analizar los criterios de mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, en aspectos como el dragado y el balizamiento. Este acuerdo representa un gran avance en las relaciones entre Argentina y Paraguay, con expectativas de que contribuya a la estabilidad y modernización del transporte fluvial en la región.
El conflicto por la Hidrovía Paraná-Paraguay
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció en septiembre de 2023 que solicitaría un arbitraje internacional, con el respaldo de los gobiernos de países vecinos, para resolver la disputa generada por el cobro de peajes en la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales vías logísticas utilizadas por los países que integran este sistema fluvial.
El conflicto se originó luego de un encuentro entre Sergio Massa y Peña en agosto de ese año, en el que Paraguay sostiene que el exministro de Economía argentino no había cumplido con su promesa de eliminar el peaje que se imponía a las embarcaciones paraguayas, muchas de las cuales eran retenidas hasta que se realiza el pago. En un comunicado conjunto, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay afirmaron que no existía justificación para el cobro de esta tasa.
Desde la Cancillería argentina, encabezada en aquel momento por Santiago Cafiero, se indicó que el cobro del peaje se mantendría, y calificaron las críticas del presidente Peña como "injustas" hacia Massa, ya que tras la reunión se había llegado a un "entendimiento", que aparentemente fue un malentendido debido a las posturas firmes de ambos países.
El embajador argentino en Asunción, Domingo Peppo, defendió la implementación del peaje, argumentando que Argentina presta servicios de balizamiento, dragado, seguridad y protección ambiental, los cuales representan un costo anual de entre 20 y 25 millones de dólares, y que es justo que los usuarios de la Hidrovía, principalmente la flota paraguaya, cubran estos gastos. Como respuesta, Paraguay había decidido cortar el suministro de energía desde Yacyretá hacia Argentina, utilizando esta medida como presión en las negociaciones.
