El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, confirmó este jueves que el Gobierno de Javier Milei no reconocerá la validez de la sesión ilegal impulsada por el kirchnerismo en el Senado, y que, además de vetar cualquier ley que surja de ese procedimiento irregular, avanzará con una judicialización inmediata por ser carente de legitimidad institucional.
En declaraciones radiales, Francos anticipó: “Si envían las leyes, el Poder Ejecutivo las va a vetar y además va a plantear judicialmente la ilegitimidad”. La advertencia llega en medio de un fuerte clima de tensión política e institucional, tras el intento de sectores opositores de avanzar de manera ilegal con proyectos que destruirían el superávit fiscal alcanzado por la administración libertaria.
Victoria Villarruel y José Mayans.
La sesión fue convocada sin la firma de la presidente del Senado, Victoria Villarruel, y sin el quórum especial de dos tercios que exige el reglamento para tratar estas iniciativas y cambiar el funcionamiento interno de la Cámara. Además, se denunció la falta de dictámenes válidos en comisión y la inclusión de temas que requieren tratamiento especial, como la modificación en la presidencia provisional del Senado, que el kirchnerismo busca controlar.
La maniobra representa un intento de golpe institucional, no solo por el contenido económico de los proyectos, que representarían un gasto de 2,5 puntos del PBI, sino también por el intento de avanzar con un cambio en la línea de sucesión presidencial, desplazando al actual presidente provisional, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza.
El kirchnerismo impulsa una sesión ilegal.
Francos, alineado con la postura firme del presidente Milei, reiteró que el Gobierno no permitirá que se impongan leyes ilegales surgidas de un proceso parlamentario irregular.
La estrategia del oficialismo contempla tanto el veto presidencial inmediato como la presentación de recursos judiciales para declarar la nulidad de lo actuado en el recinto, con base en las normas que regulan el funcionamiento del Congreso y la división de poderes.
Así, el Gobierno de Milei se prepara para dar una batalla legal e institucional frente a un atropello a las reglas democráticas y un intento desesperado del kirchnerismo por recuperar el poder perdido en las urnas, a costa de la estabilidad económica y el orden constitucional del país.
