Con esta medida, la administración libertaria puso fin a una estructura burocrática, ineficiente y costosa.
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El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ícono de la corrupción kirchnerista, como parte del proceso de reestructuración profunda del Estado argentino.
El anuncio sobre el cierre definitivo de uno de los organismos más polémicos del aparato público nacional fue realizado desde Casa Rosada, y representa un gran avance en la transparencia de la gestión pública.
La medida fue firmada a través de un decreto presidencial y se enmarca dentro de las facultades delegadas al Gobierno de Milei, las cuales hace uso el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Además de Vialidad Nacional, el paquete incluye la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Desde el Gobierno de Milei que el objetivo es poner fin a estructuras burocráticas ineficientes, costosas y en muchos casos relacionadas con focos de corrupción kirchnerista, transfiriendo sus funciones esenciales al Ministerio de Economía y creando nuevos entes de control con mayor transparencia y profesionalismo.
Rutas argentinas.
Qué era Vialidad Nacional y por qué se decidió cerrarla
La Dirección Nacional de Vialidad fue creada en 1932 y durante décadas tuvo a su cargo la planificación, construcción, mantenimiento y administración de las rutas nacionales argentinas. Con presencia en todo el país, se convirtió en un actor clave en el desarrollo de infraestructura vial. Sin embargo, en los últimos años, su operatividad fue fuertemente cuestionada por su sobredimensionamiento, sus altos costos operativos y sus pocos resultados concretos.
Con más de 5.000 empleados y una red burocrática distribuida en todas las provincias, Vialidad Nacional fue señalada en múltiples auditorías como un organismo con niveles alarmantes de ineficiencia y con vínculos directos con el poder político, lo que dio lugar a numerosas causas de corrupción.
Además, gran parte de sus empleados están asignados a tareas administrativas, y tiene funciones superpuestas con la Secretaría de Transporte, generando un gasto innecesario para los pagadores de impuestos.
El deterioro institucional de Vialidad Nacional se vio reflejado de forma brutal durante los años del kirchnerismo. El caso de corrupción en la obra pública en Santa Cruz, conocido como la “Causa Vialidad”, demostró cómo el organismo fue utilizado para beneficiar a empresarios amigos del kirchnerismo, como Lázaro Báez.
Rutas argentinas.
La Justicia comprobó que entre 2003 y 2015 se direccionaron decenas de contratos a favor del Grupo Austral, empresa insignia de Báez, con la complicidad de funcionarios del más alto nivel. Esto derivó en una condena firme a seis años de prisión contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple arresto domiciliario por administración fraudulenta contra el Estado.
Una nueva etapa
El cierre de Vialidad Nacional representa el fin de una era de ineficiencia y corrupción estructural en la obra pública. Las tareas de mantenimiento y desarrollo de rutas serán ahora coordinadas desde el Ministerio de Economía mediante concesiones a empresas privadas, con un sistema de control a cargo de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, dependiente del Gobierno nacional.
Con esta medida, el Gobierno de Milei da otra señal concreta de su compromiso con la reducción del gasto público, la transparencia y la modernización de la gestión estatal.
