Este martes 8 de julio se terminan las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al presidente Javier Milei con la aprobación de la Ley Bases. Estas atribuciones especiales permitieron al Poder Ejecutivo avanzar durante un año con reformas en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas, sin pasar por el Congreso.
Con el vencimiento a la vuelta de la esquina y el feriado del miércoles por el Día de la Independencia, el Gobierno se apura a firmar un paquete de decretos que serán publicados en el Boletín Oficial del jueves.
Entre las decisiones que analiza la Casa Rosada se encuentran la reforma de las fuerzas federales, la reestructuración de organismos descentralizados y la eliminación de fideicomisos. El objetivo es consolidar antes del martes un conjunto de medidas que de otro modo podrían enfrentar resistencias legislativas.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dejó para el final la reforma de instituciones clave como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con el propósito de cerrar la etapa desreguladora preelectoral. Ambas entidades, hasta ahora autárquicas, dejarán de serlo y pasarán a tener una mayor dependencia del Ministerio de Economía, que tendrá así mayor control sobre sus presupuestos.
La reorganización incluye también a otros organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), con el objetivo de modificar su estructura y funcionamiento.
Además, el Gobierno tiene listos decretos para eliminar fideicomisos como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), que en 2024 manejaron más de $296.000 millones. Esta decisión afectaría directamente al financiamiento de proyectos en esas áreas.
En paralelo, se espera un nuevo paquete de “Decretos Hojarasca”, una iniciativa que busca derogar 63 leyes que el Ejecutivo considera “obsoletas, vetustas y sin aplicaciones prácticas”. Estas normas no serán parte de un proyecto de ley, sino que serán eliminadas directamente por decreto.
Respecto del balance de la gestión bajo las facultades delegadas, Sturzenegger afirmó: “Ha sido un trabajo en conjunto. La delegación que nos dio el Congreso fue muy específica. Tiene que ver primordialmente con la posibilidad de racionalizar y hacer que el Estado pueda funcionar mejor, y creo que en eso se ha hecho una tarea muy importante”.
El ministro concluyó detallando que se terminará con “unos 65 decretos delegados” y resaltó que este tipo de medidas representa solo “el 5% de la actividad desreguladora”.
